ESPECIAL | ¿Nuevo exterminio a líderes sociales en Colombia?

Una campaña de extermino, similar a la que acabó con la Unión Patriótica a finales de los 80, se ha desatado en Colombia contra líderes sociales y comunales que reclaman sus derechos, pelean por sus comunidades, se atreven a denunciar injusticias, corrupción, mafias (droga y minería ilegal), o apoyan a la izquierda como una opción política legalmente constituida.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc han asesinado a 312 líderes en todo el país. Los departamentos de Cauca (56 casos), Antioquia (45), Valle del Cauca (23), Nariño (28) y Choco (15) concentran la mayoría de los asesinatos.

Las cifras son preocupantes: un informe de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, revela que en lo corrido de 2018, 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en nuestro país, es decir, que cada tres días en promedio matan a uno.

La mayoría de las víctimas (cerca del 81%, según el informe) eran reclamantes de las tierras, miembros de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal o étnicas. También están en la mira quienes denuncian corrupción, minería ilegal y cultivos ilícitos, especialmente campesinos, indígenas, afrodescendientes y líderes comunales de zonas rurales.

“Los asesinan por la restitución de tierras y por economías ilegales, narcotráfico y minería ilegal”, confirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Negret.

NO PUEDE HABER IMPUNIDAD

Esta realidad hace a temer la reactivación del paramilitarismo y por eso la urgencia de que las autoridades investiguen y desenmascaren a los autores materiales e intelectuales de esta ola criminal.

Precisamente el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, propu so realizar “una petición a la Corte Penal Internacional para que actúe contra los autores directos e intelectuales de los asesinatos sistemáticos en Colombia”, que incluyen a militantes de su movimiento, como Ana María Cortés, quien coordinó la campaña presidencial de Petro en Cáceres (Antioquia) y fue asesinada a tiros este miércoles. El padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, también se pronunció.

Dijo que los líderes asesinados eran personas “extraordinariamente frágiles, porque no creían en las armas. “En otros países, en otros lugares de la tierra, estas mujeres y estos hombres serían héroes nacionales. Aquí los matamos”, se lamentó el religioso.

ACÁ YA VAN 16

La Región Caribe no es ajena a la oleada de asesinatos. En lo corrido del año han matado a 16 líderes: en Córdoba van 9, en Sucre 4; y en Bolívar, La Guajira y el Atlántico, un caso por cada departamento. La víctima más reciente fue Luis Cuarto Barrios Machado, líder social baleado el martes en su casa en el barrio Villa Paraíso, en Palmar de Varela (Atlántico) cuando veía el partido entre Colombia e Inglaterra.

Barrios Machado, de 55 años, había nacido en Pinillos (Bolívar), y dejó cinco hijos. Bairon Barrios Navarro, su hijo mayor, lo recordó como un hombre de férreos principios éticos y morales, que odiaba las injusticias y la corrupción, y soñaba con un país mejor.

“Siempre le gustó ayudar a los demás y eso lo llevó a la muerte”, sentenció el joven de 21 años, estudiante de idiomas en la Universidad del Atlántico. El líder llevaba 14 años viviendo en Palmar de Varela; y como presidente de la Asociación Municipal de Juntas Comunales, de una veeduría de control ciudadano, y del Comité Ejecutivo Municipal del Polo Democrático en ese mismo municipio, denunciaba actos de corrupción, ‘elefantes blancos’ y ollas de microtráfico.

Había aspirado al Concejo y ahora se preparaba para presentarse a las elecciones de Alcalde. En las presidenciales había apoyado abiertamente al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y prácticamente había empapelado su vivienda con afiches del líder progresista. Entre abril y mayo empezó a recibir amenazas de muerte que comunicó a las autoridades departamentales, pero nunca le prestaron atención.

Ahora ofrecen hasta $15 millones de recompensa por información sobre sus victimarios, y a la fecha no tienen pistas claras sobre sus asesinos o los móviles del crimen. Las amenazas de muerte en contra de Luis Cuarto también se hicieron públicas en una nota de prensa publicada en abril de este año, la cual recoge una denuncia que este interpuso ante la Fiscalía en la que, con nombre propio, señala a la persona que lo amenaza de muerte por sus denuncias contra el entonces Alcalde del pueblo.

Rosario Montoya, vocera de mesa de víctimas del Atlántico, amiga y compañera de Luis Cuarto, denunció que las autoridades reciben las denuncias de los líderes sobre amenazas de muerte y “la Unidad Nacional de Protección hace el estudio y siempre sale un riesgo común, y no reciben ninguna medida eficaz para salvaguardar su vida”.

“Acá debe haber garantías plenas para el ejercicio de los Derechos Humanos, de las veedurías ciudadanas, para la labor de los líderes sociales, no es posible que a la fecha no se haya citado a una mesa de garantías en el Atlántico”, agregó Montoya.

ASESINATO CASI IDÉNTICO

Luis Barrios es el primer líder social asesinado durante este año en el Atlántico, pero no ha sido el único. A principios del año pasado la Defensoría del Pueblo emitió un informe que advertía el riesgo en el que se hallaban tres líderes: Porfirio Jaramillo Bogallo, líder de restitución de tierras en Turbo, (Antioquia).

Bernardo Cuero Bravo, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Esperanza, en Malambo (Atlántico) y Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito, Carbonera del municipio de Tibú (Norte de Santander). Los tres fueron asesinados en los meses siguientes. A Bernardo Cuero Bravo lo mataron la noche del miércoles 7 de junio cuando ob servaba por televisión un partido entre Millonarios y Nacional.

Dos hombres llegaron hasta su casa, en la carrera 2F3 No. 4-76, en Malambo, y con la excusa de buscar un apartamento para arrendar le pegaron cuatro tiros. Cuero Bravo, de 62 años, había hecho alrededor de siete denuncias por amenazas y atentados de los que había sido víctima en razón de su labor.

“A raíz de esas denuncias le dieron un chaleco antibalas y un teléfono; pero, hace un año más o menos, le suspendieron el sistema de seguridad”, afirmaron en ese momento sus amigos. El líder fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, aspirante al Concejo, defensor de derechos humanos de las Comunidades Afrodescendientes, y miembro de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado. Además, cursaba noveno semestre de derecho en la Corporación Universitaria Americana.

¡NO ESTÁN SOLOS!

Para el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos Rosero, el exterminio sistemático de líderes sociales evidencia que “el Estado colombiano no es soberano en gran parte de su territorio, por lo cual no puede garantizar la vida, bienes y honra de todos sus ciudadanos”.

Carlos Guevara, director de la organización Somos Defensores, ONG que cuenta con un sistema de información sobre agresiones contra defensores, asegura que el problema también radica en los espacios de participación que se abrieron con acuerdos de paz con las Farc.

“Los brazos violentos intentan callar es eso, que la gente participe políticamente en las Juntas de Acción Comunal, exigiendo la restitución de tierras, defendiendo derechos sindicales”. “Recorrimos la Costa Atlántica, el suroccidente, centrooriente, Arauca, Meta, Guaviare, lo que nos dicen los defensores es que hay un ‘plan tortuga’ de la Fuerza Pública que permite que ocurran casos como estos en los territorios. Alertas Tempranas se encarga de ubicar al Clan del Golfo en tal lugar y pareciera que no están dando todo para enfrentarlos”, manifestó. En este panorama las autoridades, concretamente la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado, deben preservar la vida de los líderes y al mismo tiempo esclarecer los asesinatos que ya ocurrieron.

Los analistas advierten que la desmovilización de las Farc y los acuerdos de paz abrieron el espacio para que la izquierda se exprese democráticamente, y no se puede permitir otro exterminio político como el de la UP, un escenario que se ha empezado a contemplar en las últimas semanas ya que varios de los lideres asesinados recientemente eran simpatizantes de movimientos de izquierda. Afortunadamente la sociedad civil está despertando y a través de actos como la ‘velatón’, que solo en la Plaza de Bolívar (Bogotá) congregó 20.000 personas, se ha mandado un mensaje claro: los líderes sociales no están solos y los colombianos no permitirán que fuerzas oscuras acaben con la paz que tanto dolor y sangre nos ha costado.