Entre cocaína y prostitución se infiltró durante seis meses el agente de Policía que permitió la caída de la banda criminal ‘los Clientes’. Desde Inteligencia aseguraron que el hombre comenzó a frecuentar aquel establecimiento comercial, ubicado en la calle 42 con carrera 39, para ganarse la confianza de las tres mujeres que fueron capturadas y judicializadas por proxenetismo y explotación sexual de menores a mediados de esta semana.
En aquel lugar, las ahora procesadas tenían dos maneras de delinquir, indicó a este medio un investigador ligado al caso. La primera se basaba en ofrecer ellas mismas un ‘paquete’ que contaba con una ración de droga, de la preferencia del necesitado, y los servicios sexuales de una mujer joven, o en el peor y más aberrante de los casos, de una menor entre los 14 y los 16 años.
La segunda forma era ofrecer a las víctimas (menores de edad) y obligarlas a convencer a los individuos que las buscaban para que compraran estupefacientes cuando ya estuvieran en las habitaciones de los moteles de la zona. Lo anterior era notificado y las proxenetas se desplazaban hasta dichos lugares para entregarles la dosis.
Esto quedó evidenciado luego de que personas que laboran cerca, indignadas por las escenas que presenciaban a diario, denunciaran ante las autoridades a mitad de este 2022 lo que estaba sucediendo en dicha cuadra.
Por ello, Policía de Infancia y Adolescencia, GOES, Migración y detectives del CTI llegaron al sitio en la noche del anterior 24 de noviembre para hacer efectivas tres órdenes de captura. Marelixis del Carmen Ortega Ortega, Mónica Patricia Polanco Martínez y Ana María Ortega Beltrán fueron detenidas y llevadas a la URI por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo sucesivo con fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, en concurso heterogéneo con proxenetismo con menores de edad.
Mientras las subían al furgón como supuestas integrantes de la mencionada estructura delincuencial, varios de quienes serían sus ‘clientes’ se perdieron del panorama. “Por lo menos dos hombres estaban a la espera de las víctimas ese día, pero se fueron del lugar cuando vieron llegar las patrullas”, dijo la fuente.
Alerta
Durante el operativo fueron sacadas del sitio cuatro menores de edad que, al parecer, eran instrumentalizadas por las tres mujeres.
Al respecto, Benjamín Collante, director regional del ICBF en Atlántico, señaló en diálogo con AL DÍA que, de momento, se encuentran a la espera del traslado de la noticia criminal por parte de la Fiscalía para que de esa manera inicien las restituciones de derechos.
“El defensor de familia que asuma los casos tiene que aperturar el proceso a favor de las víctimas para hacer visitas, entrevistas psicosociales, valoración nutricional y exámenes médicos para que quede determinado que estas niñas no están contagiadas por alguna enfermedad de transmisión sexual”, dijo el funcionario.
Aseguró que se debe establecer, a través de conocidos, por qué las menores se encontraban envueltas en la red de explotación y comercio sexual, pues así podrán confirmar una posible responsabilidad por parte de su núcleo familiar en estas actividades y, de ser así, de manera provisional estas pasarán a un hogar sustituto.
Collante dejó claro que si no se dan las condiciones para restituir a las afectadas a su casa, el ICBF ubicará allegados que podrían ser una opción para hacerse cargo; pero si esto no es posible, pasarán a la etapa siguiente: el proceso de adopción.
Detalló el director regional del ICBF que esta problemática en el Atlántico no presenta altos índices, pero aseguró que cualquier caso que involucra a un menor es una alerta temprana.
Así las cosas, Miguel Linero, defensor del Pueblo regional, conversó con esta casa editorial sobre los anuncios y recomendaciones que han realizado desde el Ministerio Público por el tema de explotación de menores en el departamento.
“Frente a los hechos que vemos que atentan contra los niños, niñas y adolescentes, se tiene un trabajo riguroso a través de varias de nuestras oficinas, desde las que se han emitido unos documentos de advertencia en los que se ha evidenciado el contexto de la violación de derechos, con lo que tiene que ver con la utilización de esta población en alto grado de vulnerabilidad para distintos delitos”, explicó.
A su vez, Linero precisó que en las alertas tempranas 037 del 2020 y 029 de 2022 la Defensoría ha resaltado los riesgos, haciendo un relacionamiento en materia de la instrumentalización de bandas criminales, y donde han informado que en el Atlántico los menores estarían viéndose envueltos en entornos de droga y otras utilizaciones ilícitas.
“Hemos hecho recomendaciones a la Gobernación del Atlántico, al ICBF, y a otras autoridades, centradas en estar en coordinación con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra menores, para la implementación de estrategias efectivas que generen resultados de mayor impacto”.
Y, a manera de conclusión, agregó: “Es primordial trabajar con la comunidad, porque pueden proteger a los niños y ayudarnos a nosotros”.
La raíz del problema
Este medio pudo constatar que el establecimiento comercial donde se realizó el allanamiento en mención sigue funcionando en aquella zona de tolerancia, desde antes de las 9:00 de la mañana. Dentro del lugar se pudo ver hombres aparentemente de la tercera edad, ingiriendo bebidas alcohólicas al lado de mujeres.
Trascendió que los trabajos de inteligencia en el Centro de la ciudad continuarán, pues existe una modalidad que estaría siendo empleada en un sinfín de esquinas de la localidad. Se trataría de utilizar la fachada de barberías ambulantes, así como de salones de belleza, para vender droga y servicios sexuales de menores.
En concordancia con lo anterior, Jennifer Villarreal, secretaria de Gobierno Distrital, mencionó: “Es importante tener en cuenta que tenemos a cargo el comité de trata de personas, articulado con distintas autoridades y organizaciones donde ventilamos todas las situaciones que se puedan presentar en la ciudad, para generar alertas. Nos hemos organizado con grupos de personas para tener información, asimismo, para activar rutas; además de eso, acompañados de Policía Nacional, hemos podido trabajar en zonas que han sido priorizadas por información que se obtiene de Inteligencia”.
La funcionaria señaló que “en cuanto a las acciones, nos dividimos en todas las localidades de Barranquilla. Recordemos que este tipo de explotación sexual no solo se ve en grupos grandes, sino que también se puede ver en los barrios, por lo que tenemos una red en la Secretaría, donde se conformó un grupo de mujeres desplegadas que nos ayudan, no solo a recopilar datos, sino también a ser canales de comunicación para que las personas que se ven inmersas en estas situaciones conozcan la importancia de trabajar en conjunto”.
La apuesta desde la Secretaría, indicó Villarreal, se encamina a sensibilizar y visibilizar la problemática, porque si no se logra conectar con los familiares de las víctimas y el resto de la población, no se podrá atacar la raíz del problema. “Creo que una de las premisas que se deben enmarcar es alzar la voz si se detecta alguna anomalía dentro de cualquier espacio para priorizar la dignidad de nuestros menores”, finalizó.