Desaparición de 7 agentes del CTI: 20 años de incertidumbre

A dos décadas de la desaparición de 7 agentes del CTI a manos de paramilitares en el norte del Cesar, el caso sigue siendo un misterio para sus familiares, que continúan en búsqueda de la verdad y de los restos de sus seres queridos.

Fue el 9 de marzo de 2000, cuando los funcionarios judiciales cayeron en poder del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas, comandado por John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’ en momentos en que llegaron a la hacienda ‘Holanda’, en el municipio de La Paz, con el propósito de hacer la exhumación del cuerpo de Alcides Tiburcio Rivera, un vendedor de paletas que había sido reportado como desaparecido el 15 de octubre de 1999.

Tres de los agentes salieron de Valledupar y cuatro desde Codazzi, para encontrarse en el área rural de Minguillo, a donde tenían información que estaba sepultado el cadáver de Rivera, pero allí fueron interceptados y desaparecidos por el grupo paramilitar.

Desde aquel día comenzó la angustia para estas familias que han acudido al relevo generacional para no desfallecer en el intento de saber qué sucedió con “los muchachos”. Ya son tres generaciones en búsqueda; padres que han envejecido; hermanos, algunos también muertos en el rastro; esposas, y ahora hijos y sobrinos, quienes mantienen vivo el seguimiento a este hecho que los marcó con una huella de dolor.

La única certeza que tienen sus familias es que Edilberto Linares Correa, Danilo Carrera Aguancha, Carlos Ibarra Bernal, Hugo Quintero Solano, Israel Roca Martínez, Mario Anillo Trocha y Jaime Barros Ovalle fueron asesinados, pero la ubicación de los restos sigue siendo incierta.

Las versiones de los desmovilizados que han confesado su participación en el crimen tienden a crear confusión. Alcides Manuel Mattos, alias el Samario, desmovilizado del frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, declaró en una audiencia que recibió los restos en siete sacos y los arrojó al río Cesar desde el puente Rabo Largo, en el centro del departamento.

John Jairo Esquivel, alias El Tigre, relató que la orden de asesinar a los funcionarios la dio el jefe máximo de las AUC Carlos Castaño Gil. El Tigre entregó además las coordenadas de donde estarían sepultados los restos en fosas comunes, a orillas del río Cesar, pero nunca fueron encontrados en más de 100 excavaciones.

No obstante, en su afán por conocer la verdad, Claudia Balsero, viuda del técnico criminalista Israel Roca, y familiares de los otros agentes del CTI, lograron una cita en el departamento de Córdoba con Carlos Castaño, quien reconoció que el hecho sí lo habían cometido los paramilitares, pero no por orden de él, sino de ‘Jorge 40’, calificando aquello como una “embarrada” del Bloque Norte en el Cesar.

Tiempo después Claudia Balsero debió abandonar el país, víctima de amenazas, tras continuar con las marchas y manifestaciones exigiendo justicia y verdad. Actualmente vive en exiliada.

‘Exparas no han dicho la verdad’

“Nunca dijeron la verdad, eso de justicia y reparación tampoco se ha dado”, aseguran familiares de los agentes asesinados, al señalar que los postulados no dijeron donde dejaron los cuerpos, ni el Estado ha hecho efectiva la indemnización a las familias.

Edinson Ibarra, hermano del investigador judicial Carlos Ibarra, sostuvo que “para nosotros han sido 20 años de sacrificio e impotencia de no saber hasta la fecha donde están enterrados los cuerpos de mi hermano y seis compañeros del CTI”.

“Seguiremos luchando y no vamos a finalizar hasta encontrarlos. Ha sido un tiempo muy duro, hemos tenido mucha tristeza, mis padres han sufrido por la muerte de mi hermano, pero continuamos en la búsqueda de la verdad y dando nuestro testimonio para que esos flagelos del secuestro y la desaparición forzada no sea reiterativo en Colombia”, puntualizó Edinson, quien a raíz del caso de su hermano ingresó a trabajar en la Fiscalía. “Carlos era un buen funcionario, una buena persona, como un compromiso y gracias al apoyo del entonces Fiscal General Mario Iguarán, ingresé a la institución hace ya 11 años”.

Por su parte, Olga Anillo, hermana de Mario, otro de los agentes desaparecidos, dijo que “este tiempo ha sido difícil, son 20 años de ausencia y dolor, esperando encontrar sus restos. Los postulados en Justicia y Paz no han dicho la verdad; tampoco tenemos claro, por qué los asesinaron. Todavía nosotros los familiares no sabemos la verdad”.

Relató que Mario Anillo, ni siquiera estaba en Valledupar. “Él llegó la noche anterior de Aguachica, donde estuvo como director encargado del CTI, ese día le dijeron que tenía que salir a hacer un levantamiento, ni siquiera lo alcanzamos a ver, salió para la zona con sus otros compañeros y los desaparecieron”.

Alexander Anillo, otro hermano del agente judicial, cuestionó que algunos de los que participaron en ese crimen resultaron con beneficios de Justicia y Paz, pero las familias que realmente son las afectadas como víctimas están desamparadas y sin reparación alguna.

El drama de Justa Correa

Justa Correa, ya es una mujer de casi 90 años, y con problemas de salud. Madre de Edilberto Linares, lideró hasta que pudo junto a los familiares de otros, la búsqueda y mantuvo una lucha constante por conseguir la verdad, a esa labor se sumaron dos de sus hijos, quienes también encontraron la muerte en el proceso.

En afán por encontrar a su hermano, Eulises y Ustacio iniciaron la búsqueda por su cuenta, viajando de un sitio a otro tratando de conseguir información que permitiera la ubicación de Edilberto; en esa tarea, ellos también fueron asesinados por las Autodefensas.

Justa asistió a la mayoría de las audiencias de Justicia y Paz escuchando versiones de los postulados para conocer la verdad de lo que sucedió con Edilberto Linares, pero nunca la supo. Ahora, según indicó un familiar, sufre de Alzheimer.

En una de sus últimas entrevistas con EL HERALDO sostuvo que “Dios me está dando fuerzas, él camina conmigo, me cuida y sabe los porrazos que he recibido, cuando destapé los ataúdes de mis hijos me quiso dar algo, pero el Señor me dio fortaleza y sigo de pie”.

Condena a ‘Jorge 40’

En 2012, el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión Adjunto de Valledupar, condenó a 25 años de prisión al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ por la desaparición y muerte de los siete funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación en marzo de 2000.

De acuerdo con el fallo, ‘Jorge 40’ habría ordenado la muerte de los siete agentes del CTI. Durante las versiones de los exparamilitares, algunos confesaron su participación en la desaparición y posterior asesinato.

John Jairo Esquivel, quien se sometió a Justicia y Paz, confesó su participación en la desaparición de los funcionarios judiciales; quedando en libertad en el marco de esta jurisdicción, fue capturado en diciembre pasado por su presunta vinculación con el secuestro en el Magdalena de Melisa Martínez, sobrina de Gabriel García Márquez.

El ex para reveló que los agentes fueron asesinados con tiros de gracia por 'Gorgojo', 'La Mona', 'Kevin', 'Guerrero', 'El Paisa', 'Martín' y 'Guajiro', miembros del frente 'Juan Andrés Álvarez'.

Unidad de búsqueda

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas viene ofreciendo apoyo a los familiares de los agentes del CTI, en un proceso de reconocimiento y fortalecimiento del relevo generacional, dando cumplimiento a la solicitud que presentaron ante el organismo.

En conmemoración de estos 20 años, se realizará este lunes a las 8:30 de la mañana una eucaristía en la sede del CTI de la Fiscalía en Valledupar, mientras que a partir de las 4:00 de la tarde familiares con apoyo de Fasol y la Unidad de Búsqueda realizarán una jornada con intervención de la Fiscalía, de ONG y actos simbólicos.