El calvario de una mujer desplazada por bandas delincuenciales en Soledad

De llegar a Soledad, Carmen Orozco Mendoza* tiene prohibido entrar a los barrios Las Colonias y El Manantial. Está amenazada de muerte, por lo que le ha tocado salir corriendo más de una vez ante las intimidaciones de sujetos armados que dicen rendirle cuentas a un pillo conocido con el alias de Samuel, mismo que estaría vinculado a ‘los Costeños’.

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En 2014 compró un terreno en la segunda locación mencionada. De ello tiene las escrituras. Creyó firmemente que sería una gran inversión, por encontrarse en una esquina de la vía principal, hasta que a mediados del año anterior se dio cuenta de que había una persona vendiendo su propiedad empleando documentos falsos. Con gallardía decidió citar a los impostores y enfrentarlos, y desde allí comenzó su calvario.

Ella es una líder social y comerciante que pasó a ser nómada. Un día duerme en el centro de Barranquilla, otros en Villa Zambrano (Soledad), a veces en casas de amigas suyas, y también pasa noches en hoteles.

Y es que le tocó empezar a vivir así desde mayo de 2022 cuando se convirtió en víctima de un fenómeno silencioso: el desplazamiento forzado intraurbano o DFI.

8 de noviembre de 2022

Ese día, una vecina le dijo que a ese lote habían llegado tres vehículos, dos camionetas y un carro, con sujetos sospechosos.

“Me dirigí al lugar, llamé a la Policía y los hombres se fueron. Yo me quedé en una tienda cerca. Después se me acercó un vehículo gris, sus placas terminaban en 600, del que se bajaron tres hombres. Uno de ellos se me acercó y me dijo que era el jefe, y que era de ‘los Costeños’”, contó la mujer en diálogo con AL DÍA.

El desconocido, de acuerdo con lo denunciado por Carmen, le insistió en que desistiera de su propiedad o si no la mataba, esto mientras le apuntaba en el vientre con un arma de fuego tipo revólver. Ese martes fue la primera vez que recibió una intimidación así, aun cuando llevaba desde mayo de 2022 en el mismo vaivén.

“Quería que le entregara la documentación de esa propiedad, yo me negué y se me acercaron los otros individuos con ánimos de intimidarme”.

Aquellas personas aseguraron saber dónde trabajaba una de las dos hijas de Orozco Mendoza, así como su pareja.

“En ese momento comenzaron a decir que ellos eran los responsables del atentado a mi esposo en 2008, que había sido un tal alias Menor el que le disparó”, señaló. 

Su familia fue víctima de un hecho criminal hace unos 14 años. La pareja de Carmen resultó baleada a manos de un pistolero. “Pasó en Las Colonias (Soledad). Duré 12 años viviendo allá con mis hijas y mi esposo, abogué mucho por el barrio, hasta que lo hirieron. Le hicieron un atentado, le dispararon en cuatro ocasiones y por seguridad nos distanciamos después de que él, gracias a Dios, se recuperara”.

Ella tomó a sus dos “pequeñas”, que en ese momento tenían 10 años, y cambiaron de domicilio, pues aseguró que los criminales que perpetraron el ataque buscaban apoderarse de su apartamento para utilizarlo como ‘olla de vicio’. 

Marea baja

Luego, todo se calmó para ella y pensó que nunca volvería a ser desplazada. “Sentía la marea baja, y con el tiempo me mudé a Villa Zambrano. Prácticamente al mismo tiempo compré en El Manantial y me la he pasado siendo comerciante para sacar adelante a mis hijas”, acotó.

Carmen sostuvo que también ha contado con la compañía de dos sobrinas suyas, y que una de estas estaba junto a ella aquel día de noviembre, ese en el que sintió miedo después de varios años.

Esa vez, los tres hombres quisieron arremeter contra la joven, pero esta logró ponerse a salvo y “antes de irse, el que se identificó como el jefe me dijo que si me volvía a ver me iba a matar, igual que a mis hijas y mi familia”.

Ella tiene casi mes y medio sin pisar El Manantial, pero asegura que esas personas ya se apropiaron de aquel lugar en el que, supuestamente, ubicaron un expendio de drogas. 

La mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía y pidió a las autoridades que la ayuden a recuperar su tranquilidad. 

Barranquilla

Por medio de alertas tempranas como la 039, la Defensoría del Pueblo ha señalado de manera insistente que los crímenes que cometen grupos al margen de la ley en Atlántico están desplazando personas, principalmente dentro de la ciudad y el resto del área metropolitana.

En esa misma línea, en el periodo comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, la oficina de atención a población en condición de desplazados y vulnerable de la Personería Distrital de Barranquilla registró 1.473 atenciones por DFI.

Ante ello, el personero Miguel Álzate mencionó: “Se puede visualizar la situación teniendo en cuenta los casos que se presentan ante nuestra entidad, se puede decir que las personas que llegan con casos por desplazamientos narran presuntos eventos que son evaluados por la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) y que presuntamente han tenido que salir de sus hogares por situaciones de riesgo o de violencia, este movimiento de estas familias o individuos se da dentro de los límites de la ciudad y su área metropolitana”.

“Por otra parte, teniendo en cuenta lo complejo de este fenómeno, sería arriesgado asegurar que solo las estadísticas de casos que se presentan y atiende la Personería u otra entidad adscrita al Ministerio Público pueda mostrar la realidad, debido a que esta tipología de desplazamiento tiene sus matices especiales y complejos. Muchas personas incluso desconocen que pueden declarar o denunciar estos hechos”, agregó el funcionario.

Detalló que generalmente los desplazamientos mencionados se generan por amenazas, por la violencia que se vive alrededor de los hogares de las personas, por el aumento de homicidios en sus localidades, por la amenaza a la seguridad por parte de grupos armados, delincuencia, etc.

Aseveró finalmente que “las personas deciden irse, huir a pesar incluso de no tener dónde ir y se mueven hacia otros barrios”.

Invisibles

Vale mencionar que, de acuerdo con expertos, los casos de desplazamiento forzado intraurbano puede que no estén llegando a los registros de las autoridades porque, en muchas ocasiones, las personas desconocen que están siendo víctimas de este crimen.

Arturo García, analista en temas de seguridad y ex personero del Distrito, así lo explicó: “Hay una serie de desplazamientos dentro de muchos barrios, pero no son identificados como tal, pues no llegan al radar de las autoridades, salvo que alguien denuncie. Después de los homicidios perpetrados en las ya mencionadas zonas, las familias de las víctimas son obligadas de cierta forma a abandonar sus propiedades. De eso hay abundantes casos, sobre todo en barrios del suroriente de Barranquilla y Soledad”.

Indicó que “el gran problema que se está teniendo no solo son ‘los Costeños’, sino también bandas pequeñas que hasta el momento no están identificadas, pero que son lideradas por unos 12 invisibles, así se le puede llamar a esos actores criminales”.

Por su lado, Reynel Badillo, miembro del Centro de Pensamiento UNCaribe, apuntó que el DFI es conocido por investigadores como “desplazamiento en la sombra”.

“Estos casos, usualmente, solo son documentados cuando se denuncia, y a nivel urbano esto no pasa. Si hacemos énfasis en la forma en que se realiza este desplazamiento, la gente desplazada permanece en la misma ciudad, por lo que continúan siendo objeto de violencia de los grupos armados, o se van sin saber que están siendo desplazados”, explicó Badillo.

Afirmó además que “cuando extorsionan, y la víctima se va por evitar la extorsión, esta no asume que es desplazada”, pero sí lo es.

“Hay un montón de características legales que están hechas para el conflicto armado más tradicional, y que no entienden que muchas de las formas de desplazamiento hoy en día no las hacen los grupos armados más grandes, sino que posiblemente las ejecutan lo que uno llama grupos delictivos o bandas. La labor pendiente es reconocer el fenómeno (DFI) y sobre todo la labor pendiente del Estado es no abandonar a las víctimas de estos casos, porque reitero que el riesgo de que ellas permanecen en la misma ciudad las hace más vulnerables”, apuntó.

La ruta de atención de la Personería

La Personería Distrital de Barranquilla dio a conocer la ruta que tienen establecida para personas víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, la cual es similar a la del desplazamiento forzado en general.

“El Ministerio Público escucha el caso y le brinda asesoría, la persona voluntariamente decide hacer o no su declaración luego de haber sido orientada, y de ameritarlo se oficia al ente territorial (Alcaldía Distrital) para que se le brinde atención (ayuda humanitaria inmediata), esto último si se trata de un caso de inmediatez”, dijo Miguel Álzate, personero distrital.

“Después de enviada la declaración, es la Unidad de Víctimas la que se encarga de valorar ese hecho, ellos son quienes indagan, incluyen o no a las personas en el Registro de Víctimas según los términos de ley”, agregó.

Sin embargo, el funcionario indicó que los casos de desplazamiento forzado intraurbano “puede que no estén llegando a los registros de las autoridades, porque en muchas ocasiones las personas desconocen que están siendo víctimas de este crimen, o que pueden denunciar que están atravesando por un caso de estos”.

*Nombre cambiado por seguridad