Enfermos imaginarios y docentes fantasma: se destapó la olla podrida en Sucre

No hay verdades ocultas ni misterios sin descubrir. Este adagio popular puede aplicarse a los hallazgos hechos por la Contraloría General, CGR, en Sucre, pese a que la Gobernación no entregó toda la información solicitada, lo que afectó el alcance de la auditoría sobre el manejo de los $343.495 millones que en 2015 recibió la administración departamental por concepto del Sistema General de Participación, SGP.

De acuerdo con el informe conocido por AL DÍA, a la Gobernación le enviaron $316.476 millones para el sector Educación; $21.294 millones para Salud y $5.724 millones para agua potable. Adicionalmente, le giraron para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, $11.127 millones. La CGR identificó 39 hallazgos o anomalías, cinco de ellas con alcance penal, por $5.547 millones.

En las secretarías de Salud y Educación fueron muchas las irregularidades detectadas, algunas identificadas tras denuncias de la ciudadanía que no estaba de acuerdo con la manera “inclemente” de atentar, como lo calificaron en su momento, contra el patrimonio económico del Departamento, en la administración de Julio César Guerra Tulena.

La Contraloría catalogó como “desfavorable” el manejo de los dineros públicos transferidos de la Nación al Departamento. Y rajó la labor realizada por los responsables de la oficina de Control Interno, la que calificó de “deficiente”.

MÚLTIPLES ANOMALÍAS

El equipo auditor de cuatro funcionarios detectó que la Secretaría departamental de Salud contrató con los hospitales municipales servicio para la Población No Cubierta con Subsidios a la Demanda bajo la modalidad de eventos. No obstante, aplicó anticipo a los contratos como parte de pago.

Para la CGR los procedimientos y mecanismos de control interno implementados por la Gobernación “presentaron falencias” porque no garantizaban su inversión eficaz, eficiente y económica para el cumplimiento de los fines esenciales para los que fueron suministrados.

En municipios como Caimito, La Unión, El Roble, Coveñas, Guaranda, Toluviejo, Tolú, San Marcos, entre otros, la administración sucreña dio un anticipo del 40% del contrato, pero en los hospitales y centros de salud prestaron servicios por valores muy inferiores a lo contratado.

Uno de los casos alarmante se registró en el Hospital de Tolú: el contrato se hizo por $211 millones, le giraron $84 millones y solo prestó servicios por $314.500, de acuerdo con la CGR.

En total suscribieron 16 contratos por $5.197 millones, giraron $2.104 millones, pero las entidades médico-asistenciales solo prestaron servicios por $722 millones para un detrimento patrimonial de $1.381 millones.

Lo peor es que la Gobernación no hizo ninguna gestión para recuperar esos dineros. Asimismo, la Gobernación pagó con recursos del componente Salud Población Pobre No Afiliada (PPNA) servicios que se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y servicios de tecnología No POS que no fueron prescritas por médicos tratantes, y autorizó servicios de tecnología a afiliados del Régimen Subsidiado sin previa evaluación del comité técnico de las IPS.

Julio César Guerra Tulena era el gobernador de Sucre en el año 2015 cuando se presentaron estos pagos en el sector salud.

“CARTELES” EN LA SALUD

Dos de los hallazgos que más han llamado la atención fueron los de los "carteles" de la salud mental y de la hemofilia.

La CGR constató que la Secretaría de Salud de Sucre en la vigencia 2012 - 2015 emitió a nombre de cinco IPS órdenes de internación para afiliados al régimen subsidiado con trastornos mentales, servicios que, de acuerdo con las facturas emitidas por la IPS, supuestamente se prestaron satisfactoriamente y la Gobernación pagó con dineros de Población Pobre No Asegurada.

Tras el análisis de la documentación que soportaba los pagos, los auditores constataron que los pacientes fueron atendidos entre uno y 76 días, término inferior a los 90 de internación que deben cubrir las EPS a las que están afiliados.

De la misma manera, emitieron Órdenes de Prestación de Servicio de internación de personas con trastornos mentales por fuera de los términos establecidos para realizarlo.

Concluyó la Contraloría que con recursos de PPNA atendieron compromisos que debieron cubrir las EPS, generando un detrimento al patrimonio público por $468.594.555. Hallazgos calificados con incidencia fiscal y presunta connotación disciplinaria.

TUMBE PSIQUIÁTRICO

Al verificar la información del área de autorizaciones de la Secretaría de Salud, los auditores constataron que para la fecha de atención de dichos pacientes la mayoría no figuraba en la base de datos de esa dependencia.

La administración sucreña pagó a una clínica $2.158 millones por prestación de servicio de internación y atención a pacientes con trastornos mentales, por una supuesta solicitud de un psiquiatra de Bogotá.

Pero el especialista manifestó que si bien firmó el contrato en 2013 con la IPS, no lo ejecutó, por lo que nunca atendió pacientes y por ende no autorizó hospitalizaciones, como aparece en las historias clínicas de cada una de las facturas donde aparecen su firma y sellos falsificados.

Otra firma presuntamente falsificada para cobrar la millonaria suma fue la del líder del programa de auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre, quien dijo que no autorizó la prestación de servicio, documento que hace parte integral del soporte de facturas canceladas. Esto conllevó a un detrimento patrimonial por $2.155 millones.

Así despilfarraron los recursos del sector salud en el departamento de Sucre en el 2015.

Teniendo en cuenta las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la salud por PPNA, donde observó que hubo presunta falsificación de documento y firma de los profesionales de la salud y de funcionarios de la administración departamental, la Contraloría inició la evaluación de 218 facturas más de las diferentes IPS por $1.561 millones que les fueron entregadas al finalizar la auditoría.

Igualmente, la Contraloría pudo detectar que la Gobernación de Sucre reconoció y autorizó el pago por $2.900 millones para medicamentos y tratamientos de hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand a siete pacientes que no padecen esta coagulopatía, y a uno diagnosticado con la primera enfermedad no severa que no requería tratamiento profiláctico.

Luego de que la Contraloría destapara estas irregularidades se espera que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien puso en marcha desde Sucre el plan "Bolsillos de Cristal" el pasado 17 de noviembre, muestre prontos resultados para castigar la corrupción.

El contralor delegado para el Sector Social, José Soto Murgas, en carta dirigida al gobernador Martínez Romero le reiteró, tras darle a conocer los hallazgos, que la administración departamental debe ajustarse a un plan de mejoramiento e informar las medidas tomadas para resolver tales irregularidades.

DOCENTES FANTASMA

En el sector educativo, la Contraloría estableció que hubo pagos a supuestos docentes sin que hubieran trabajado.

La planta de educadores de Sucre es de 6.382, 544 directivos docentes, 510 administrativos y 268 instituciones en 686 plantas físicas, sin embargo existen datos de maestros que se encuentran en planta, pero no están debidamente registrados en la institución a la que pertenecen.

Al confrontar las nóminas pagadas durante los 12 meses de 2015 frente a los servicios prestados, los auditores observaron que la Gobernación de Sucre canceló con recursos del SGP conceptos por salarios y prestaciones del personal docente sin haber prestado los servicios correspondientes en las instituciones educativas en ese año.

Igualmente, establecieron el pago del salario al personal administrativo que presta sus servicios en la Secretaría de Educación Departamental con recursos del SGP, lo que es considerado como gasto de funcionamiento y debe ser asumido por la administración territorial con sus recursos propios ya que no corresponden a una inversión.

Por: Laura Toscano