Justicia venezolana ordena la deportación de los 59 colombianos presos en Caracas

La justicia de Venezuela dejó en libertad, con orden de deportación administrativa, a los 59 colombianos (51 de ellos costeños) que estaban presos en Caracas, tras cumplir casi 3 años detenidos, acusados por el Gobierno de Venezuela de ser “mercenarios” y paramilitares.

La decisión de deportación fue acatada la mañana de este sábado cuando los detenidos fueron trasladados en varios vehículos desde el centro de reclusión donde permanecían, en La Yaguara (suroeste de Caracas) hasta el aeropuerto internacional de Maiquetia.

Se prevé que el grupo sea trasladado hasta el estado fronterizo del Táchira, donde posteriormente serán llevados hasta el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, para ser puestos a disposición de las autoridades colombianas. La llegada está prevista para las 10 de la mañana.

La decisión se dio luego de que la Fiscalía venezolana remitiera, el pasado 26 de junio, al tribunal que llevaba el caso un escrito donde pedía la deportación de los colombianos.

Este medio conoció que la reciente visita a Caracas de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, habría facilitado las gestiones para lograr la liberación del grupo.

Durante un evento al cual asistió Bachelet, durante visita a la capital del vecino país, un hijo de los detenidos rogó a la funcionaria intervenir en favor de la libertad de su padre y le expuso las vicisitudes que ha tenido que pasar al no tener a su papá en su hogar.

El día 27 de junio estaba prevista la realización de la audiencia preliminar de 58 hombres (51 costeños) y 1 mujer, en la que iniciaría la etapa preparatoria del juicio que se les seguía al grupo, que en noviembre de 2018 fueron imputados por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y forjamiento de documentos públicos. La diligencia fue aplazada sin dar ninguna razón.

Sergio Aranguren, en diálogo con este medio desde Caracas, manifestó que la decisión obedece al trabajo “constante” que realizó todo el equipo de defensa desde hace más de dos años y medios por lograr la liberación.

“Esta sin dudas es una buena noticia que les damos hoy a las familias y amigos de estas personas. Fueron muchos meses de lucha y trabajo para lograr esta liberación”, señaló el abogado.

Enoc Montemiranda, uno de los detenidos recibió con alegría la medida, pero señaló que los sacaron de Venezuela “como unos perros”.

“Nos deportaron y ni disculpas nos pidieron por la pesadilla que nos hicieron pasar”, señaló el barranquillero Montemiranda.

El Foro penal venezolano también, en los últimos meses, abogó desde varios frentes para lograr la libertad de los detenidos.

EL CASO

El primero de septiembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció los resultados de un operativo policial adelantado en Caracas contra “un campamento de paramilitares colombianos” en la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio. En la alocución, el mandatario venezolano señaló: “capturamos en un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas a 500 metros del Palacio de Miraflores”.

La información tuvo cierta repercusión en los medios, pero casi de inmediato cayó en el olvido. Desde el 8 de octubre de 2017, EL HERALDO reveló que los 59 de aquellos colombianos permanecían detenidos, sin que hasta ese momento se les hubiese imputado formalmente cargo alguno.

Los detenidos negaron en todo momento haber participado en actividades ilegales y denuncian ser víctimas de una maniobra política del régimen. Además, en diferentes oportunidades denunciaron las condiciones precarias del encierro. “Estamos soportando necesidades inimaginables”, dijeron.

Desde la Cancillería de Colombia se dijo que fueron remitidas más de 40 notas diplomáticas a distintas instancias de la administración venezolana sobre la situación de los detenidos.

Tal hecho, denunciado por este medio en más de 18 notas periodísticas, provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, e incluida la ONU, que pidieron al Gobierno de Colombia tomar acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos.

A la situación se sumó un fallo proferido en noviembre de 2017 por el Juzgado 27 de Control de Caracas, que mediante sentencia 1725-17 de primera instancia, firmada por la jueza Zulay Salazar González, ordenó la “libertad plena” de los colombianos al no existir pruebas en su contra. En la exposición de motivos, la jueza afirma que los colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”.

*Con información de Jesús Blanquicet