Le habrían 'tumbado' 9 mil millones al sistema de salud con fraude en licencias de maternidad
Empresas fachadas estarían utilizando a mujeres en estado de gestación para cobrarle al Estado. En Barranquilla se han denunciado 77 casos.
La modalidad de fraude al sistema de salud, que se puso en evidencia a finales del año anterior con el uso de mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad para el cobro de licencias de maternidad, a través de la constitución de empresas fachadas, volvió a aparecer recientemente luego de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.
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AL DÍA conoció que en octubre del año anterior tal conducta ya se había puesto al descubierto en algunas zonas del país, y ahora recientemente en la ciudad de Villavicencio, en el Meta, fueron detenidas ocho personas vinculadas a un fraude similar contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.
De acuerdo con las pesquisas, los hoy procesados habrían saqueado al Estado con unos 9.000 millones de pesos.
Sobre la investigación, el ente detalló que los implicados habrían constituido 19 sociedades de papel que figuraban como inmobiliarias, empresas de servicios generales o de asesorías, para vincular laboralmente a al menos 428 mujeres de Vichada, Meta, Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Barranquilla, con el fin de llevar a cabo su plan.
“Se estableció que, presuntamente, se hicieron pasar como representantes de ONG’s y empleados de alcaldías, gobernaciones y otros organismos, y recorrieron varias ciudades contactando y recopilando información de mujeres embarazadas de escasos recursos, cuyos periodos de gestación se encontraban entre el cuarto y el quinto mes”, precisó la Fiscalía sobre el actuar de los detenidos.
Posterior a eso, los vinculados a la red, al parecer integrantes de tres familias distintas, reportaban a las EPS afectadas que las supuestas “trabajadoras recibían una remuneración equivalente a un millón de pesos, pero faltando un mes para que dieran a la luz informaban sobre un aumento salarial a ocho millones de pesos”.
Esto, supuestamente, con el fin de que las licencias llegaran de manera ‘jugosa’ no a la beneficiarias sino a los contratantes de las empresas de papel, “con base en el último salario reportado por el empleador”.
Por los hechos, la Fiscalía imputó a los ocho detenidos los cargos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada continuada, fraude procesal y utilización ilícita de redes de comunicaciones.
Así mismo, paralelo a la judicialización de las personas, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 1 predio rural, 3 urbanos, 8 vehículos y 19 socieda[1]des ubicadas en Villavicencio (Me[1]ta), Neiva (Huila) y Bogotá.
Casos en Barranquilla
En un informe conocido por esta casa periodística, la EPS Cajacopi precisó que a través de una gestión interna se investigan en el país 234 casos de simulación laboral, todos relacionados con el fraude expuesto por la Fiscalía en la ciudad de Villavicencio.
A la fecha, se han instaurado 104 denuncias ante el ente investigador, acción con la que, según la compañía, se ha evitado el pago de $1.800 millones.
En el caso de la capital del Atlántico, la entidad promotora de salud ha evidenciado 77 casos, cuyas denuncias también son del resorte de la Fiscalía Seccional.
Cajacopi EPS informó que: “desde el año pasado se empezó a analizar el comportamiento de algunas personas, más específicamente, de mujeres en estado de gestación que pasaban del régimen subsidiado al contributivo con salarios exorbitantes.
La situación llamó la atención, pues son personas, aparentemente en condiciones vulnerables, que nunca habían trabajado y que conseguían, en muchos casos, su primer empleo con salarios que oscilaban entre los 3 y 9 millones de pesos.
Ante esta situación se empezó a investigar con estas personas y los contratantes y se evidenció que eran empresas de papel, no tenían una sede, además, era reiterativo que hicieran un aporte a la salud del 4 % y no del 12 % como lo establece la norma”, comunicó la entidad.
Adicional a eso, la EPS puntualizó que los rangos de edad de las mujeres en estado de embarazo estaban entre los 18 y 35 años y que durante su periodo de cotización no hicieron los aportes al sistema pensional: “Cuando llamaban a las beneficiarias de las licencias les respondían cosas incongruentes sobre su labor, su salario y era evidente que había algo irregular”.
Sobre el actuar de la red criminal trascendió que en Barranquilla se “acercaban a las IPS, identificaban a las potenciales personas y les manifestaban que había un beneficio del Estado, les hacían un proceso de vinculación laboral y empezaban a hacer los aportes para cobrar las licencias al final del embarazo”
