Operaba en Barranquilla, Galapa, Baranoa y Soledad. Amenazaban de muerte a las víctimas cuando incumplían las elevadas cuotas de interés, lo que generaba temor y zozobra en los habitantes de esta región del país.
Esa era la estrategia y el radio de acción de una banda que por varios años se dedicó, según la Policía, a la modalidad de ‘gota a gota’ y que logró armar un emporio económico con la capacidad de lavar más de $10 mil millones, alcanzando a recaudar diariamente montos aproximados de $18 millones.
Fueron 11 personas las capturadas por estar involucradas en esta estructura criminal que habría mandado a diseñar una aplicación para teléfono móvil llamada ‘Cobros Wabr3’, a través de la cual “hacían el balance en tiempo real de las actividades de recaudo y préstamo. Con esta herramienta los cabecillas de la organización tenían la información disponible en todo momento”.
Los investigadores evidenciaron que estas personas creaban empresas fachadas de estaciones de servicio de combustible y adquirían bienes muebles e inmuebles (casas, apartamentos, lotes, vehículos de alta gama, entre otros), para dar apariencia de legalidad al dinero producto de las actividades ilícitas que recaudaban.
Estas personas habrían declarado ante los organismos de control cerca de $300 millones en patrimonio y una deuda inexistente con proveedores por un valor de $1.500 millones.
En el momento de cruzar dicha información declarada, con la reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se determinó que todo el movimiento de dinero lo realizaban en efectivo, con el fin de evitar la trazabilidad de los recursos y así poder inyectar dinero ilícito al torrente financiero.
Para facilitar su accionar criminal, según la Policía, durante la pandemia de la covid-19, los integrantes de la organización contaron con la participación de un exfuncionario público para tramitar licencias que acreditaban a los ‘cobradores’ como empleados y emprendedores de domicilios y tenderos de diferentes barrios.
Los implicados
Dentro de los capturados se encuentran una pareja de esposos conocidos como ‘Los Patrones’, quienes serían los cabecillas principales de la organización delincuencial, encargados de coordinar y controlar las actividades criminales de la organización, y a su vez, dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente.
“También gestionaban las licencias de funcionamiento de los establecimientos de comercio y tramitaban los permisos de movilidad de los cobradores junto con otra persona conocida como ‘Oscar’”, detalló la Policía.
‘Mono’, era el encargado del control de las rutas de los ‘escoltas’ y ‘cobradores’ y de monitorear la aplicación móvil de los préstamos y recaudos. De igual forma, transmitía las órdenes de ‘los patrones’ a los demás integrantes de la red criminal.
‘Pulgar’, ‘David’ y ‘3Palacios’, fingían como escoltas responsables de los ‘cobradores’, a cargo de la supervisión de los datos ingresados a la aplicación móvil, de algunas rutas y la sectorización de las víctimas para la comisión de los hechos punibles de forma diaria.
Los otros capturados conocidos como ‘Omar’, ‘José’, ‘Eider’ y ‘Julio’ corresponden a los ‘cobradores’, responsables de recoger el dinero de las víctimas y de infundir las amenazas y el temor entre los habitantes de la zona en las que fueran designados.
Primera judicialización
Según las autoridades, fueron casi 36 meses de investigación financiera, análisis de información, vigilancias y seguimientos e interceptaciones telefónicas, que permitieron establecer la modalidad que utilizaba la organización criminal para encubrir el incremento de dinero.
Según la Policía, esta es la primera judicialización por el delito de lavado de activos a partir de la configuración de usura, en conexión con el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva una pena que está contemplada entre los 3 a 30 años de prisión.
Un testimonio
Las declaraciones de una de las víctimas permitieron dar con el paradero de los miembros de esta red criminal.
“Los señores me prestaron un millón de pesos para pagarles 20 mil pesos diarios por 60 días, es decir, al 20%, pero cuando me entregaban la plata no me daban el millón, sino 900 mil pesos, es decir, que ya no era el 20, sino el 30%. Cuando me retrasaba llegaba un supervisor a amenazarme con groserías. Llegaba un tipo en camioneta que me amenazaba con quitarme el televisor, las cosas del apartamento", señaló el testigo.