‘Cerrejón no le cumple a la Corte’

Un llamado para que se frene el proyecto La Puente que ejecuta Cerrejón y que incluye la desviación del arroyo Bruno, hicieron expertos, líderes y políticos en la Audiencia Pública Regional sobre ‘Conflictos ambientales y vulneración a los derechos a la salud, agua, soberanía alimentaria y a la participación’, durante la cual se analizó el tema.

Aunque la multinacional ha dicho que este proyecto tiene todas las licencias y fue realizado bajo los estándares ambientales internacionales, el geólogo Julio Fierro durante su intervención afirmó que no se debió dar permiso sin tener conocimiento certero del comportamiento del agua.

“Cómo se toma una decisión de otorgar una licencia ambiental, aun teniendo incertidumbres. El agua es la sobrevivencia de las comunidades y de los entornos naturales. La actividad minera con estudios superficiales pone en grave riesgo la vida”, aseguró.

Agregó que “la importancia de las aguas que nutren a arroyos como el Bruno están relacionados con la complejidad y la importancia de los acuíferos. Estudios de Cerrejón no corresponden a la escala que este caso merece".

El senador Jorge Robledo, uno de los convocantes de la audiencia, afirmó que “el riesgo ambiental es descomunal, porque antes de pensar en minería, se debió pensar en el uso del agua como una prioridad”.

Añadió que lo que se está reclamando es el triunfo por salvar el arroyo Bruno. “Las órdenes de la Corte Constitucional no se cumplen. Acá estamos, no rogando que nos hagan un favor, sino pidiendo que cumplan la ley y escuchen a las comunidades", indicó.

Ampliar mesa interinstitucional

El congresista se refiere al fallo de la Corte Constitucional que ordena dar continuidad a una mesa interinstitucional integrada por 17 instituciones nacionales y regionales y concede el amparo a los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno.

Esta mesa debe realizar un estudio técnico que ofrezca respuesta a las incertidumbres expresadas por la Corte, lo cual es fundamental para resolver la continuidad del proyecto La Puente, que incluye la modificación parcial de 3.5 km del cauce del arroyo Bruno, obras que se encuentran suspendidas según lo ordenó en la decisión.

La lideresa wayuu Aura Robles intervino y dijo que no entiende la interpretación que hace la empresa y las instituciones del gobierno, “pero lo que si es cierto es que nosotros tenemos el derecho a defender nuestra agua y a nuestro Arroyo Bruno".

Manifestó igualmente que “tristemente el arroyo Bruno entra al complejo minero y no saldrá de allí. Nos están matando porque no tenemos agua, nuestros campos ya no los tenemos nosotros por eso necesitamos que liberen el arroyo y dejen de sacar carbón en La Guajira”.

Mientras tanto otro de los convocantes, el senador Feliciano Valencia, aseguró que “las comunidades afectadas por la desviación del arroyo Bruno exigen información completa y participación efectiva en la toma de todas las decisiones sobre este proyecto”.

Cerrejón cuenta con reserva

El presidente de Cerrejón Guillermo Fonseca aseguró que la empresa cuenta con las reservas que provienen del avance en el tajo La Puente, las cuales dijo que son necesarias para recobrar la competitividad y mantener los niveles de producción, ya que algunos tajos dejarán de ser productivos en el corto tiempo.

Sin embargo, indicó que “desde Cerrejón somos respetuosos de los derechos de las comunidades y el medio ambiente y confiamos que los resultados de la mesa aclararán las incertidumbres planteadas por la Corte Constitucional que desde el año 2017 ordenó suspender el avance en la operación del tajo, hasta se adopten estas recomendaciones”.

Explicó que durante este tiempo se han estado monitoreando los trabajos de desviación del arroyo y aseguró que “los resultados han demostrado que la modificación parcial de este cuerpo de agua no pone en riesgo la disponibilidad del recurso, ni los servicios naturales asociados al mismo”.

Fonseca aseguró que el cauce actual se comporta satisfactoriamente. Su proceso de estabilización ha sido exitoso y es monitoreado permanentemente.

Indicó además que Cerrejón realizó consulta previa con la comunidad indígena de Campo Herrera, que fue la única certificada por el ministerio del Interior, antes de la fase de ejecución del proyecto. Sin embargo, por decisiones judiciales posteriores, Cerrejón desarrolla actualmente un proceso de consulta con la comunidad indígena de La Horqueta y está próximo a iniciar consultas con las comunidades de Tigre Pozo y el Rocío.

Reiteró que las obras se desarrollaron siguiendo reconocidos estándares sociales, ambientales y de ingeniería y estuvieron soportadas por rigurosos estudios técnicos emitidos por expertos nacionales e internacionales.

“Gracias a ello el nuevo cauce del arroyo ha mostrado un comportamiento acorde a su diseño, emulando las mismas condiciones biológicas del cauce original, lo que garantiza la preservación de la flora y fauna del cuerpo hídrico. El proyecto ha sido objeto de exhaustivas evaluaciones realizadas por la Mesa Interinstitucional, quien confirmó que las obras no afectaban la oferta hídrica para las comunidades vecinas”, anotó el presidente de la empresa.

Movilizaciones

El senador Jorge Robledo solicitó en la audiencia pública de ayer a los asistentes, que se empiecen a desarrollar las movilizaciones para hacer respetar lo ordenado por la Corte Constitucional en el sentido que se debe ampliar la mesa interinstitucional y debe haber una participación de la comunidad en las decisiones que se tomen.