Corte negó nacionalizar Universidad de La Guajira
Señaló que el proyecto es contrario a la ley.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el proyecto de ley que buscaba transformar la Universidad de La Guajira en un ente autónomo de orden nacional y por eso será presentado nuevamente.
En la iniciativa se pretendía que el Ministerio de Educación y los organismos de Planeación incluyera dentro del presupuesto nacional las partidas o apropiaciones necesarias para el funcionamiento y dotación de la alma mater, las cuales no podrían ser inferiores a las que en la actualidad le asigna la Nación a la universidad, más un monto adicional de $24.000.000.000 o su equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sin embargo, el alto tribunal declaró fundadas las objeciones que formuló el gobierno nacional, una de las cuales tiene que ver con la ausencia de competencia del Congreso para modificar la estructura administrativa del Departamento de la Guajira.
Igualmente indicó que en el presente caso, el proyecto de ley no contó con la iniciativa gubernamental, ni el Gobierno durante el trámite parlamentario expresó su intención de avalar dicho proyecto y se abstuvo de emitir un concepto favorable sobre dicha iniciativa, ya que, por el contrario, solicitó su archivo.
Proyecto es contrario a la ley
El gobierno también dijo que había vulneración de la iniciativa privativa del de presentar la ley anual de presupuesto y agrega que el proyecto de ley es contrario a las reglas uniformes que se aplican a la distribución de los diferentes recursos públicos que se giran a las instituciones de educación superior de carácter oficial, al focalizar los recursos públicos en una sola institución, que reduce el presupuesto del Estado para los demás establecimientos de educación superior.
El representante a la Cámara por La Guajira Alfredo Deluque afirmó que presentará nuevamente el proyecto de ley al Congreso de la República.
“Esta es una lucha que perseguimos desde el 2016 porque los estudiantes guajiros no merecen vivir más crisis educativas por temas económicos, ni someter su futuro profesional a la crisis fiscal que enfrenta el departamento”, afirmó.
Dijo que respalda los argumentos presentados por la magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz Delgado, quien en su salvamento de voto enfatiza en que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros del alto tribunal, afecta el principio democrático.
La magistrada concluyó que la razón de la decisión debió haber estado centrada en la constitucionalidad de la adopción de acciones afirmativas por parte del Congreso, a favor de poblaciones vulnerables.
