El asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Desengaño, el pasado martes, en el municipio de Chimichagua, prendió las alarmas entre los líderes sociales del departamento que siguen exigiendo protección del Estado.
Al crimen de Luis Henry Vera Gamboa, de 51 años, se suman en lo que va del año otros dos atentados contra líderes sociales, uno en Valledupar y otro en el municipio de San Martín; además del registro de 175 amenazados en todo el departamento.
De acuerdo con un reporte de la oficina Asesora de Paz del Cesar, las intimidaciones se han presentado en los municipios de Valledupar, Pailitas, Codazzi, Pelaya, La Paz, El Copey, Becerril, Aguachica, La Jagua de Ibirico y Pueblo Bello.
“Estamos seguros que las cifras van en aumento, pero esperamos que se active a ruta de líderes de la Mesa Departamental de Víctimas”, dijo el asesor de Paz del Cesar, Jesualdo Hernández.
ATENTADOS EN CESAR
En mayo pasado, un desconocido atacó a tiros el vehículo del líder comunal del barrio Amaneceres del Valle, en la capital del Cesar, Álvaro Molina, quien pocos minutos antes se había bajado del automotor frente a su casa.
Según testigos el autor de los hechos estaba encapuchado se acercó hasta el automóvil disparando al menos seis veces, cuatro balazos atravesaron la puerta del piloto, y los otros dos los realizó al aire para que los niños que se encontraban jugando en la calle le abrieran paso.
Molina dijo no saber el porqué del ataque haciendo salvedad que como líder social constantemente denuncia las irregularidades de los contratistas de las obras que están contempladas y no las construyen.
Y en el municipio de San Martín, el 11 de julio anterior, desconocidos lanzaron un artefacto al vehículo en que se desplazaba el dirigente sindical Luis Alberto Galvis, saliendo ileso del ataque.
Guillermo Pérez, vocero del movimiento social Congreso de los Pueblos en el Cesar, manifestó recientemente que en este departamento existen amenazas e intimidaciones a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, sin que estas tengan respuestas de las autoridades.
“Hay un sinnúmero de compañeros que vienen siendo amenazados con panfletos, con llamadas, correos electrónicos y por personas encapuchadas en motocicletas que los amenazan directamente eso ha generado desplazamiento interno en las ciudades donde compañeros se han tenido que cambiar de residencia”.
Afirmó que las medidas que les brinda la Unidad de Protección Nacional son ‘inútiles’ frente a los riesgos que corren. “Dan chalecos antibalas, teléfono y un botón de pánico que no sirve de nada en una zona rural, nuestro llamado es al Gobierno Nacional y departamental que reconozca nuestra labor como alto riesgo y se nos brinden las garantías".
En 2017 se registraron tres asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el Cesar. El primero fue el de Aldemar Parra García, ocurrido el 7 de enero de ese año en la vía que del corregimiento de La Loma conduce a la vereda El Hatillo en jurisdicción de El Paso (Cesar); el otro caso fue el 26 de ese mismo mes, cuando fue asesinada la líder de la comunidad Wiwa, Yoryanis Isabel Bernal, en Valledupar; y el tercero fue el crimen del expresidente de la Junta de Acción Comunal de Entre Ríos, el 4 de febrero, en jurisdicción del municipio de El Copey.