ESPECIAL | Pensionados llevarán del bulto con la reforma tributaria

Toda una vida trabajando para su sostenimiento, el de sus familias y el desarrollo de la sociedad, para que ahora, en la etapa de adulto mayor, la estabilidad económica de los pensionados con mesadas altas y medias, se vea amenazada por una reforma tributaria eufemísticamente llamada por el gobierno de Iván Duque como ‘ley de financiamiento’.

Si esta ley es aprobada tal y como está concebida, el impuesto de renta empezará a aplicar ahora para mesadas superiores a los $4.780.000.

De acuerdo con el director de la DIAN, José Andrés Romero, se trata de que los pensionados paguen por los derechos que disfrutan. “Si ese sector de la población usa los servicios públicos, la estructura de salud, las vías, los parques, los policías que los cuidan, acceden a la justicia, tiene los servicios del Estado, lo que queremos es hacer un sistema equitativo donde logremos que esas personas también le contribuyan al país”, sostiene Romero.

Actualmente, quienes pagan este impuesto son solamente los que al año reciben por pensión $398.000.000 de ingreso en promedio, es decir, unos 33 millones mensuales.

De aprobarse la propuesta del Gobierno, las pensiones sujetas a renta tendrían tarifas que irían gradualmente hasta el 37%.

Por supuesto, los pensionados recibieron con mucha preocupación semejante propuesta. “Esto es un exabrupto porque la pensión no es completa sobre el salario que uno ganaba, aparte de eso le sale 75 %, más los descuentos que le hacen a uno en salud, entonces se pierde mucha capacidad económica”, precisó el jubilado Germán Cubillos.

PILARES DE LA LEY

El Gobierno Nacional reveló detalles de lo que será la ley de financiamiento, la cual fue construida bajo cinco pilares: cubrir el déficit de 14 billones de pesos que tiene el presupuesto general de la Nación de 2019, generar mayor competitividad de las empresas, tener una mayor progresividad en materia de impuestos, reactivar la economía y generar más empleo en el país.

Uno de los puntos que contempla la propuesta es el de extender y unificar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a casi toda la canasta familiar, con una reducción progresiva en un principio al 18 % (2019) y luego al 17 % (2021). Actualmente, este tributo es del 19 % y contempla exenciones y exclusiones a varios productos.

En ese sentido, productos de consumo diario como la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras serían gravados con IVA del 18 % a partir del próximo año, y seguirían excluidos los servicios de educación y salud, el transporte, los servicios públicos, los medicamentos y productos de bienestar, la construcción de obras civiles y edificaciones, los arrendamientos, entre otros.

Esta medida, según cifras reveladas por el Gobierno, permitiría recaudar 11,3 billones de pesos en 2019 y 12 billones en 2020. Este es uno de los aspectos más polémicos de la propuesta por el impacto que puede tener en las clases media y baja del país. Sin embargo, el Gobierno también plantea la devolución del IVA que sea pagado por las personas de menores ingresos a través de un mecanismo apalancado en el Sisbén y programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, entre otros.

De acuerdo con la propuesta, a las familias de bajos recursos se les devolverá, a partir del puntaje del Sisbén, 51.300 pesos mensuales por concepto de IVA y sería mediante pago anticipado a través de giro electrónico o cobro por ventanilla. Esto tendría un costo promedio para el Estado de 2,6 billones de pesos al año. Sin embargo, el debate seguramente se centrará –tanto en el Congreso como en la opinión pública– en las familias con ingresos subsiguientes, que están ubicadas en el rango de los 970.000 pesos y 1,4 millones de pesos, las cuales no recibirán la compensación monetaria pero sí tendrán un incremento en sus gastos por cuenta de la extensión del IVA a más productos de la canasta familiar. Por ejemplo, según tablas reveladas por el Gobierno, una familia que gana mensualmente 971.791 pesos, paga hoy en día un promedio de 26.726 pesos en IVA mensualmente, pero con la reforma pagaría 53.231 pesos. Esto equivale a un incremento de 26.505 pesos mensuales, es decir 318.000 pesos al año que se sumarían a sus gastos.

IMPUESTO DE RENTA

Otro de los puntos que contempla la ley de financiamiento es el impuesto de renta a las personas naturales, en donde se plantea la unificación de la cédula tributaria. De este modo, las personas que devengan un salario entre 4,8 millones y 7,5 millones de pesos tendrán una tarifa del 19 %; las que tengan ingresos de hasta 18,1 millones, del 28 %; hasta 33 millones, del 33 %, mientras que los que tengan ingresos superiores a los 33 millones tendrán una tarifa del 37 %.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, reconoció que la extensión del impuesto a toda la canasta familiar es un tema que les preocupa porque va a afectar a las clases desfavorecidas y a los productores. José Roberto Acosta, economista y docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), destacó que la reforma planteada desconoce la estructura de lo que son los hábitos de consumo de los hogares colombianos.

“El sistema tributario hoy en día no mueve la desigualdad en Colombia y somos uno de los países más desiguales de Latinoamérica y el mundo. Necesitamos conocer mejor el mecanismo”, indicó Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario. Mientras la polémica está planteada, los pensionados se han declarado en máxima alerta. “No deseamos llevar del bulto con esta reforma”, precisaron las agremiaciones de jubilados.