Las salidas jurídicas que tiene Aida Merlano si se entrega

Es una incógnita lo que puede pasar en términos jurídicos con la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano Rebolledo de llegar a entregarse –como lo habría anunciado en una carta a mediados de diciembre– y de llegar también a materializar una eventual colaboración con la justicia en torno a la organización criminal de compra y venta de votos en el Atlántico, como la ha catalogado la propia Fiscalía.

Esto porque el fiscal general (e) Fabio Espitia ha advertido que no hay lugar a beneficios para quienes se fugan. Pero su abogado defensor, Bladimir Cuadro, le dijo a AL DÍA que lo que esperan es, precisamente, poder aportar a la verdad en el proceso y recibir las prebendas que trae el sistema penal para aforados.

Entre tanto, penalistas y académicos como Ricardo Ordóñez y Óscar Sierra no ven tan clara la posibilidad de que la atlanticense pueda negociar con la justicia.

El anuncio de la entrega

En una carta publicada por su hija, Aida Victoria Merlano Manzaneda, hace un par de semanas, la exsenadora adelantó que tiene “toda la intención” de entregarse a las autoridades y de “colaborar para esclarecer los hechos, involucrando a todos los responsables”.

En la misiva asegura además Merlano Rebolledo: “Solo quiero garantías, porque fui condenada a una pena por fuera de lo legal y con vulneración de mis sagrados derechos constitucionales”.

Advierte así mismo que en su proceso “se omitieron y/o restaron valor a unos poderosos videos, entre otras irregularidades, donde se ve a los mismos funcionarios de Policía, que me hicieron el allanamiento en mi sede política, sacarse de sus chaquetas las pruebas ilegales por las cuales me condenaron. (…) Jamás el magistrado que me juzgó indagó, como era su deber, de dónde provenía ese montaje o quienes lo pagaron o dieron esa pruebas falsas”.

Y concluye la excongresista conservadora: “Solo pretendo, reitero, se me juzgue legalmente y se me respeten mis sagrados derechos para someterme al imperio de la Ley. Ya estoy buscando legalmente la forma para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sea esta respetable entidad quien garantice en mi caso un juicio justo con apego a la Constitución y la Ley, y no por señalamientos e intereses políticos y económicos”.

La carta llegó a las manos de la hija de la exparlamentaria a través de “un tercero”, horas después del cruce de acusaciones entre la joven y el empresario Julio Gerlein, cercano a la exlíder política y señalado de ser su financiador.

No obstante al anuncio de la exsenadora, un día después el fiscal general (e) Fabio Espitia dijo que Merlano Rebolledo tiene que entregarse sin exigir beneficios y que su fuga, perpetrada el pasado 1 de octubre, se constituyó en un delito: “No está contemplado ningún beneficio frente a quienes se fugan”.

Y sobre los videos que reveló su hija, en los que se ve que aparentemente policías dejan ‘pruebas’ en el lugar del allanamiento en marzo de 2018, el jefe interino el ente acusador advirtió que “no se pueden desconocer sentencias judiciales”, refiriéndose al fallo de septiembre pasado de la Corte Suprema de Justicia, que la condenó a 15 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas.

Habla su abogado

Bladimir Cuadro, abogado de la excongresista, le dijo a AL DÍA que las garantías que pide Merlano son: “Que se le garantice su derecho al debido proceso, confiando en que al resolver la apelación la Corte subsane las irregularidades que se presentaron en el recaudo de pruebas y en el juicio mismo”.

Frente a los beneficios que podría obtener su clienta, aseguró que serían los “contemplados en el artículo 413 de la Ley 600 de 2000, que cobijan aún a los condenados”.

Este aparte de la norma, que se refiere a “beneficio por colaboración”, indica que el fiscal general o el delegado podrá acordar beneficios con investigados, juzgados o condenados, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades, sujetándose el acuerdo a la aprobación del juez previo concepto del Ministerio Público.

Los beneficios pueden ser a cambio de la identificación de dirigentes o cabecillas de organizaciones delictivas, la identificación de bienes y fuentes de financiación, el suministro de prueba que permita deducir responsabilidad penal del determinador o director, cabecilla, financista o promotor.

Y se puede acordar tras lo anterior una disminución de una sexta hasta una cuarta parte de la pena, sustitución de la prisión por prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución de la pena o la libertad condicional e incorporación al programa de protección a testigos.

Finalmente, se lee en la disposición que “no procederán los beneficios en ningún caso, cuando quien los solicite haya reincidido en la comisión de conductas punibles con posterioridad al otorgamiento de los mismos”.

Sobre este punto y ante la advertencia del fiscal Espitia, Cuadro no cree que estén cerradas las puertas a un acuerdo y señala que “la norma prohíbe beneficios para quien reincide con posterioridad a haber obtenido el beneficio. Entonces sería un tema de discusión.

Y agregó al respecto de eventuales delaciones por parte de Merlano Rebolledo: “Nada se concretó sobre ese asunto en particular. El día de la fuga precisamente se iniciaba el contacto con la Fiscalía para explorar posibles beneficios”.
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Penalistas no lo ven fácil

El catedrático en derecho penal de la Universidad del Rosario, Ricardo Ordóñez, le dijo a este diario que el panorama para la exparlamentaria no estaría del todo despejado aun si hubiese colaboración de su parte.

“En punto al delito de fuga y en el mismo camino de las declaraciones dadas por la Fiscalía, no hay beneficio alguno más allá de descuento de pena por aceptar el delito o un eventual preacuerdo. Ahora bien, en punto a la aplicación de un principio de oportunidad por efectiva colaboración con la justicia lo veo difícil, por varias razones. Entre ellas que ya hay sentencia condenatoria por los delitos en contra del sistema electoral y dos porque tendría que buscarse que se revisara dicha sentencia”, explicó.

Agrega el penalista que, no obstante, sería importante recoger la información que Merlano tenga para aportar: “Dependiendo de esa colaboración se podría ver reflejada en la sentencia de segunda instancia en el caso que sea condenatoria. Lo importante es recoger la información que pueda darse en el marco de que ya no estaría acéfalo el delito de concierto para delinquir. Pero la verdad por el estado del proceso realmente veo muy difícil la aplicación de un principio de oportunidad total o parcial por un lado y, por el otro, el único beneficio que puede recibir es, como lo dije al principio, un descuento de pena por aceptación o preacuerdo”.

Por su parte, el penalista de la Universidad Externado, Óscar Sierra, en diálogo con este medio advirtió que “el proceso se encuentra en una etapa donde la Fiscalía ya no tiene el protagonismo y por lo tanto ni la Fiscalía ni la defensa pueden adelantar conversaciones para modificar en algo la condena impuesta. Procesalmente es imposible aplicar principio de oportunidad o preacuerdo por estos hechos, y la última palabra la tiene la Corte, que al ser juez no puede ni le está permitido negociar con las partes”.

Añade el abogado que, además, por la fuga tiene la exlegisladora actualmente “una indagación abierta por el punible de fuga de presos, y en ese proceso aún vigente y prematuro existen todas las opciones vigentes para adelantar conversaciones e incluso llegar a acuerdos a cambio de su entrega e información”.

Por último, Sierra no ve posible que en este punto Merlano pueda negociar su entrega para afectar en algo su primera condena: “Procesalmente no es posible, pues las oportunidades fenecieron, pero si podría ofrecer información y brindar colaboración para librarse o atenuar su responsabilidad por la fuga”.

Sierra añade que en la carta de Merlano, la cual se hizo pública en medios, la excongresista aseguró que pretende llegar a la Cidh.

“Por supuesto que está en libertad de hacerlo, pero en realidad ella fue beneficiada con la posibilidad de apelar su condena en condición de aforada, pues el acto legislativo 01 de 2018 la dotó de esa posibilidad, por lo que ha contado por lo menos con esta garantía a diferencia de los aforados condenados en única instancia, y tras esto tampoco veo que su asunto tenga cabida en un escenario internacional”, indica el penalista.