“No debe pasar nunca más”: Estado por caso de Correa de Andreis

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, durante el acto en la Universidad Simón Bolívar.

En un acto protocolario, en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, el Estado colombiano pidió perdón a los familiares del sociólogo Alfredo Correa de Andreis por su asesinato, ocurrido el 17 de septiembre de 2004.

El evento comenzó con la lectura de la resolución que ofrece disculpas públicas a su esposa Alba Lucía Glen, su hija Melissa Correa Glen y sus hermanos Raúl y Magda, además del apoderado de las víctimas José Humberto Torres.

“Dando cumplimiento al punto resolutivo tres de la sentencia del 6 de noviembre de 2018 del consejo de estado, se ha dispuesto la realización del presente acto público en reconocimiento de responsabilidad en conmemoración al señor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis. La medida de reparación, busca mantener viva la memoria (...), contribuir a la construcción de la verdad histórica y evitar que estos como estos se vuelvan a repetir”, reza el escrito.

Raúl Correa de Andreis, hermano del sociólogo, señaló que si bien recibir ese tipo de disculpas es “doloroso”, esperan que la decisión sirva para mirar el futuro del país con mayor optimismo.

“Es doloroso para nuestra familia, (…) para mi papá que mañana va a cumplir 96 años, para Magda mi hermana, porque mi mamá y Jorge ya no se encuentran en este mundo. Es doloroso, repito, estar de nuevo en este escenario escuchando palabras que de ninguna manera le van a devolver la vida a Alfredo, pero al mismo tiempo entendemos que se está reconociendo el delito cometido, producto de un asqueroso montaje con pruebas falsas y testigos falsos de la fiscalía de Cartagena, un delito grave, irrepetible para nosotros”.

Y agregó que “ojalá todo esto que se hace públicamente, en el caso concreto de mi hermano Alfredo, sea la culminación de un periodo de horror que vivimos los colombianos y que sirva para recuperar valores perdidos”.

El perdón

En su calidad de director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, reconoció la responsabilidad del Estado en el crimen del profesor.

Gómez Alzate dijo que “vengo a poner la cara por algo en lo que no tengo responsabilidad, pero que lo hago además con un enorme cariño porque quienes hemos dado una batalla por la paz, sabemos que esto no debe suceder nunca más”.

El director de la agencia sucesora del extinto DAS, subrayó que “la detención injusta de su libertad y su posterior homicidio, comprometió la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y del DAS, entidad que a su vez actuó con la participación de miembros del bloque norte de las autodefensas tal y como lo señaló el Consejo de Estado. Nada justifica este actuar, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas y no para usar de su poder cometiendo crímenes. Era deber de las autoridades proteger al profesor Alfredo, quien se destacó por desarrollar un intenso trabajo académico y social para ayudar a la población en desplazamiento”.

Gómez también aseveró que coincidía con lo expresado por el hermano del sociólogo en que “el estado pide y pide disculpas” y agregó que “ojalá no tuviéramos que pedir más disculpas por que estos actos jamás se deben repetir. Lo que deberíamos hacer era exactamente eso, la no repetición pero aquí estoy, a nombre del Estado colombiano, a pedir estas disculpas públicas a la familia, a los amigos y a la misma universidad donde trabajó”.

En 2013, el entonces director del DAS, Ricardo Giraldo Villegas pidió disculpas públicas en nombre del Estado colombiano y confirmó la responsabilidad del ex director de esa institución Jorge Noguera y también la del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en el crimen del defensor de los Derechos Humanos.

El caso

El 17 de septiembre de 2004, paramilitares en cooperación con miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, lo ejecutaron por ser, supuestamente, ideólogo del Frente 59 de las Farc, nexos que la justicia colombiana desestimó, y cuyo proceso terminó con la condena a 25 años de cárcel del exdirector de ese organismo de seguridad, Jorge Noguera Cotes.

El docente fue víctima de un plan orquestado con pruebas ficticias, testimonios fabricados de guerrilleros desmovilizados y testigos que no existían, entre otros materiales probatorios irregulares.

Por el material, el catedrático fue capturado el 17 de junio de 2004 en su casa de Barranquilla y, tras ser indagado y al no ser halladas pruebas valederas y después de estar recluido en la cárcel El Bosque, fue dejado en libertad el 14 de julio. Luego se produjo su muerte.