¡Pillan a 5 funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Valledupar!
Habrían participado en actos de corrupción en el ‘cartel de los comparendos’.
Agentes del CTI capturaron en Valledupar a cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito de este municipio, señalados de participar en presuntos actos de corrupción, en lo que las autoridades llamaron el ‘cartel de los comparendos’.
Entre las irregularidades que investiga la Fiscalía se relaciona que los comparendos al parecer no eran subidos al Sistema Integrado de información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT, así como que presuntamente dejaron caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron unos 81.235.
Además, indican que muchos de los comparendos fueron realizados con talonarios y numeración no autorizadas por el Runt; así como que los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar, y las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas. Igualmente precisaron que al parecer el encargado de la plataforma del Runt no subía las decisiones judiciales, y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad.
Los detenidos fueron identificados como Julieta Margarita Hinojosa Daza, inspectora de Tránsito; Letzzy Carolina González Oñate, secretaria ejecutiva; Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista; Amparo de Jesús Estrada Arias, secretaria, y Odacir Alberto Montenegro, auxiliar administrativo, quien además es un reconocido músico en Valledupar.
Estas personas fueron conducidas hasta las instalaciones del CTI en Valledupar, para ser dejadas a disposición de un juez con funciones de control de garantías para legalización, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
No es la primera vez que se destapa un escándalo de corrupción en la Secretaría de Tránsito en Valledupar,
Entre junio de 2014 y diciembre de 2015, el llamado ‘Cartel de la Chatarrización’ en esa dependencia, se apropió de más de 2.500 millones de pesos, a través de acciones fraudulentas en el registro y desintegración de vehículos de carga, que con documentaciones falsas lograban sacar de circulación en el papel, pidiendo nuevos cupos para su reposición, los cuales eran vendidos a terceros, sin que el dueño original del automotor se percatara de lo sucedido.
Los cupos de los automotores que chatarrizaban, en su mayoría sin autorización del dueño, los homologaban con otros vehículos y al final se perdían las carpetas, por lo que no podían responder cuando el verdadero propietario realizaba el trámite. La Fiscalía indicó además que por cada cupo entregado, cobraban hasta 70 millones de pesos.
