Secuestros y hurtos, un ‘subsidio’ para el crimen

El operativo desplegado el pasado lunes por unidades del Gaula Militar para lograr el rescate de Luis Pérez Vásquez, coordinador de la Casa de la Cultura de la Alcaldía de Valledupar, y del mensajero Sergio Mario Carrillo Padilla, quienes permanecieron secuestrados por varias horas, pone en evidencia, según expertos, la degradación criminal a causa de la COVID-19.

La acción delincuencial habría sido ejecutada desde la tarde del pasado domingo por supuestos integrantes del grupo ‘Clan del Golfo’.

Los hombres fueron raptados en la vía entre Malambo y Sabanagrande (Atlántico), cuando se dirigían a cumplir una cita de negocios.

El episodio no resulta ser un hecho aislado para el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, pues señaló que ante la crisis económica producida por la cuarentena derivada de la COVID-19, las organizaciones mafiosas “han perdido gran parte de sus ingresos por vía del cobro de extorsiones” y también por “concepto de rentas del narcotráfico”, ya que el cierre de aeropuertos y fronteras terrestres sumado al control de la movilidad “han afectado” el transporte de la droga y eso “ha golpeado” las finanzas de las organizaciones ilegales.

“Las estructuras que no cuentan con recursos proyectan escenarios de “degradación criminal”, teniendo en cuenta que la recomposición de la economía nacional será lenta y la estabilización del mercado de la cocaína no tiene fecha definida”, señaló el académico.

Bajo ese escenario, Trejos expuso que esas estructuras en la medida en que su sostenimiento económico se dificulte podrían ir buscando otras forma de sostenimiento y traducirse en el aumento del hurto a residencias, locales comerciales y la reactivación del secuestro, así como el contrabando de alimentos y medicinas.

por redes. En junio pasado, este medio precisamente informó sobre una nueva modalidad de secuestro que han identificado las autoridades durante los últimos meses en la Costa Caribe.

El hecho delictivo va dirigido a empresarios que promocionan su negocio por redes sociales, tal y como le paso a Pérez Vásquez, quien había sido contactado el viernes 7 de agosto a través de Whatsapp, con el número que aparece en sus redes sociales, para organizar un supuesto evento social en una finca de Malambo.

Es así como los delincuentes “realizan un rastreo minucioso” por las redes sociales con la intención de identificar a los empresarios, que en su mayoría se encargan de realizar trabajos relacionados con remodelaciones y diseños de interiores.

La abogada Sara Ibáñez Díaz, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, manifestó que ha conocido de casos puntuales en los que la modalidad “es cambiante”, pero tiene su origen en las redes sociales.

“Los delincuentes rastrean incluso los comentarios de los clientes, las fotos de los trabajos y cuando contactan a la víctima le dicen que es recomendada por alguien a quien ya le trabajó, y el comerciante confiado se moviliza a realizar la labor”, explica la abogada.

Una vez la persona se traslada en su vehículo y entra al perímetro es contactada por teléfono y le dicen que se detenga que está secuestrada. “Estas personas, una vez interceptan el vehículo, le dicen al comerciante que ha entrado a una zona roja militar del ELN. Le exigen una fuerte suma de dinero. Hasta no entregarlo no podrá mover el carro”, señaló la fuente a este medio.