El hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, acusado de tener nexos con paramilitares y de ser el creador del grupo al margen de la ley ´los 12 apóstoles´, deberá pagar la suma equivalente a los 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes como consecuencia de la determinación del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que ordenó sustituir la medida de aseguramiento en centro carcelario que sostenía el ganadero, por una no privativa de la libertad.
“Sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad al procesado Santiago Uribe Vélez por la medidas de aseguramiento no privativa de la libertad”, se lee en el fallo emitido.
La decisión se dio luego de que su defensa realizara dicha solicitud.
“El tiempo transcurrido después de la privación de la libertad del señor Santiago Uribe Vélez obedece fundamentalmente al amplio ejercicio probatorio desplegado por la Fiscalía antes de cerrar la etapa de instrucción y al prolongado tiempo que tomó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación contra la resolución de acusación, todo lo cual es imputable a la Fiscalía”, argumentó la defensa de Santiago Uribe.
Álvaro Uribe Vélez, senador de la República I Internet
Otra de las condiciones que realizó el juez del caso, Jaime Herrera Niño, fue la restricción de salida del país y la prohibición de “asistir a determinadas reuniones o lugares y de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas".
Por otra parte, de acuerdo a lo publicado por El Colombiano, el apoderado de las víctimas, Daniel Prado Albarracín, dijo que la decisión es absolutamente respetable. Sin embargo, aseguró que existe la preocupación de que esta libertad favorezca la manipulación de declarantes.
“En varias oportunidades Santiago Uribe ha sido señalado de manipular testigos, la detención en centro carcelario lo que busca es minimizar esa injerencia que se puede ejercer a partir de la libertad”, declaró el jurista, expresando que hay personas que han ido al proceso claramente a mentir y hay otras que han ido atemorizadas.
“La ventaja con la que contamos es que en este juicio hay un principio de permanencia de la prueba, que quiere decir que lo que una persona declaró se mantiene como evidencia”, agregó.