Capturan a 21 personas por abusos sexuales y torturas en centros de rehabilitación de Bucaramanga

• La Policía de Santander capturó a 21 personas vinculadas a delitos en ocho centros de rehabilitación, incluyendo tortura y abuso contra pacientes vulnerables.
• Entre los detenidos están dos presuntos cabecillas, Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar, responsables de autorizar castigos físicos y encierros.
• Las instituciones clausuradas enfrentan investigaciones desde 2021, cuando se registró la muerte de un paciente en condiciones de maltrato y hacinamiento.

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Un operativo conjunto entre la Policía de Santander, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional, resultó en la captura de 21 personas en Bucaramanga y Piedecuesta, implicadas en delitos relacionados con tortura, abuso sexual y maltrato físico en centros de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias y enfermedades psiquiátricas.

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Las capturas se realizaron luego de una extensa investigación que reveló la existencia de prácticas inhumanas dentro de ocho instituciones que supuestamente estaban dedicadas a la rehabilitación de pacientes.

De este modo, se supo que los detenidos estarían involucrados en abusos que iban desde torturas hasta violaciones sexuales en contra de personas vulnerables, quienes permanecían internas en estas casas bajo condiciones de tratamiento.

En particular, de acuerdo con las autoridades, "Las instituciones operaban desde 2013 y tenían como objetivo captar pacientes en estado de indefensión, a quienes sometían a maltratos físicos y psicológicos". 

Prácticas de tortura

Igualmente, los resultados de las investigaciones detallaron que dentro de estas instituciones se practicaban torturas físicas y emocionales bajo la aprobación de los directivos.

Por otro lado, un aspecto de la investigación señaló que los internos eran sometidos a castigos en lo que las autoridades han denominado "sitios de tortura".

En algunos casos, se comprobó que los pacientes eran encadenados y mantenidos en habitaciones insalubres.

Por ende, sorprendió que en uno de los descubrimientos más alarmantes fue el hallazgo de un "cuarto de reflexión", una pequeña habitación de 2x2 metros utilizada para recluir a los pacientes que consideraban problemáticos.

De este modo, se determinó que este tipo de prácticas era parte de un régimen sistemático de abusos, tal como se evidenció en las declaraciones obtenidas por los investigadores.

Muerte de un paciente en 2021

El antecedente que llevó a destapar esta red criminal fue la muerte en 2021 de Abraham Josué Chía Robles, un paciente de 27 años que falleció en uno de los centros. Chía Robles fue encontrado muerto después de haber sido golpeado y asfixiado en un cuarto de castigo, lo que levantó sospechas sobre las condiciones de trato en la institución.

"Las investigaciones de ese año ya habían alertado sobre las condiciones insalubres y el hacinamiento de al menos 75 personas", señaló una fuente citada por medios vinculada al caso.

Desde entonces, las pesquisas continuaron, revelando el alcance de las operaciones criminales dentro de los centros.

Detención de los cabecillas

Entre los capturados se encuentran dos de los principales cabecillas de la red criminal: Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar. Estos individuos habrían sido responsables de coordinar y aprobar las prácticas de tortura y maltrato dentro de las instituciones. De acuerdo con las investigaciones, ambos directivos estaban al tanto de los abusos y habrían permitido que continuaran durante años.

"Las autoridades lograron determinar que estos individuos lideraban una estructura que sistemáticamente maltrataba a los internos, muchos de los cuales llegaron a sufrir heridas visibles", informaron los investigadores a cargo del caso.

Condiciones inhumanas

Las investigaciones también revelaron que los pacientes, muchos de ellos captados en condiciones de vulnerabilidad, eran sometidos a tratamientos con medicamentos que no contaban con prescripción médica. Las autoridades identificaron al menos 60 víctimas de estos maltratos, quienes habrían padecido torturas, abusos sexuales y castigos físicos.

"Se trata de un caso grave de violación a los derechos humanos en el que los pacientes eran tratados como objetos y no como seres humanos", subrayaron los voceros de la investigación.

Clausura de las instituciones

Tras el operativo, las autoridades ordenaron la clausura inmediata de las sedes de estas instituciones de rehabilitación. Los 21 detenidos ahora enfrentan cargos por delitos graves, incluyendo secuestro, tortura, abuso sexual y concierto para delinquir.

"Cada uno de los capturados será procesado por la justicia. Este caso no puede quedar impune", declaró una fuente de la Fiscalía que estuvo involucrada en el proceso de investigación.

Próximos pasos en la investigación

La Fiscalía continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios de las víctimas para robustecer el caso en contra de los responsables. Se espera que en los próximos días se presenten más detalles sobre la evolución de las investigaciones y el procesamiento judicial de los implicados.