El Gremio transportador fue el más perjudicado por la extorsión en el 2022

La extorsión en Barranquilla es un fenómeno que desde años atrás ha sido atribuido a un solo grupo: ‘los Rastrojos-Costeños’. En el 2022 el modus operandi usado por los criminales que pertenecen a esta estructura volvió a repetirse como en 2012 y 2013, en donde su objetivo principal era asesinar conductores y chanceras para intimidar a sus víctimas, solo que en el presente año se concentraron en el primer gremio.

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Todo comenzó el pasado mes de julio, precisamente el sábado 23. Ese día, en horas de la tarde, sujetos en moto arremetieron en contra de Willington José Hernández Borja en el barrio Ciudadela Metropolitana, de Soledad, quien se encontraba desempeñándose como conductor de la línea de buses Cootrab. En ese momento, ‘los Rastrojos Costeños’ no habían realizado llamadas extorsivas en contra de la empresa en la que él trabajaba. Por ello en las primeras versiones manejadas por la Policía descartaron el móvil de extorsión.

Solo un par de días después comenzaron las comunicaciones intimidatorias en contra de Cootrab y su filial Coolitoral. Sin embargo, para la fuerza pública todo resultaba extraño, pues esta manera de operar no era natural de dicha banda criminal, por lo que los investigadores habrían asumido que lo que buscaban las filas de alias Negro Ober era “pescar en río revuelto”, atribuyéndose el asesinato de Hernández Borja.

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El mismo 25 de julio, a eso de las dos de la tarde, fue asesinado José Del Carmen Hernández Padilla, de 54 años, conductor de un bus de Coolitoral, cuando se movilizaba por la vía Cordialidad, a la altura de Las Gardenias.

En ambos hechos, las cámaras de seguridad registraron a los pistoleros. Con el material los investigadores descubrieron que en los dos casos habían utilizado la misma moto, la cual fue hallada en Villa San Pedro el martes posterior (26 de julio).

Desde el mismo 26 solo operó el 15% de los conductores, pues el miedo y la zozobra los invadió. El 27 otro bus fue atacado en Soledad. Cinco disparos le hicieron, afortunadamente ninguna persona resultó impactada. El día 28 la decisión fue tomada. Los buses adscritos a la empresa dejaron de salir a las calles, sus trabajadores protestaron y la movilidad se volvió un caos.

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Tras días reuniones con las autoridades, las rutas de buses volvieron a activarse el 30 de julio, sin saber que otra muerte se avecinaba. Los criminales no dejaron pasar mucho tiempo, pues el 31 atacaron a balazos a John Pardo Castillo, quien se encontraba manejando un bus adscrito a la empresa Transmecar por la esquina de la calle 30 con carrera 14, del barrio Manuela Beltrán, de Soledad.

Ante la situación: tres conductores muertos en ocho días, el gremio decidió volver a plantarse y desde el primero de agosto realizaron bloqueos por toda la ciudad y su área metropolitana.

Extorsión en el pasado

Entre 2012 y 2013, comerciantes formales e informales, así como diversos gremios de la ciudad, entre estos el transportador, fueron blanco de intimidaciones con el fin de que pagaran el llamado impuesto de “sostenimiento de guerra”. Asesinatos de conductores y desmembramientos de personas marcaron las amenazas.

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Diez años después, casualmente, ocurrió lo mismo, incluso justo en el mes que los eventos de años anteriores. ¿La misma estrategia? En los meses de junio de 2012 y mayo-junio de 2013 fueron registrados casos de extorsiones contra el gremio transportador que, posteriormente, derivaron en los asesinatos de tres conductores.

Reacción en 2022

Las primeras medidas que tomó la Policía Metropolitana de Barranquilla frente a la grave crisis fue realizar reuniones con los afectados con el fin de generar estrategias en materia de seguridad para los conductores. A la ciudad llegaron 1.000 uniformados, a los cuales se le sumaron 220 hombres del Ejército.

Realizaron el ‘plan padrino’, que consistió en que un oficial con 27 policías acompañaron las rutas de las empresas en diferentes puntos de la ciudad. El dispositivo de vigilancia contempló 90 rutas de buses de servicio público, adscritos a 26 empresas.

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El 2 de agosto llegó a la ciudad Diego Molano, el entonces ministro de Defensa, quien hizo parte de un  consejo de seguridad en el que anunció que “Juan Manuel Borré Barreto, uno de los máximos cabecillas de ‘los Rastrojos Costeños’, sería trasladado  desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, hasta una celda de máxima seguridad en La Picota, de Bogotá. Este hombre con los otros dos responsables (Negro Ober y Tommy Masacre) estarán separados. No tendrán comunicación entre ellos”, aseveró Molano.

En materia de protección a la ciudadanía se anunciaron caravanas en tramos de la ciudad. También se establecieron 51 puntos críticos con los conductores donde hubo permanencia de policías y presencia del Ejército.

Sumado a lo anterior, la Policía logró dar con las capturas de 10 presuntos responsables de este oscuro episodio.

Caos en Sabanalarga

Luego de que las autoridades lograran aprehender a las personas vinculadas con los homicidios de conductores en Barranquilla y su área metropolitana, en el municipio de Sabanalarga ocurrieron dos hechos de sangre que fueron vinculados directamente con la extorsión.

El primero de estos ocurrió el 7 de septiembre, cuando Jorge Jiménez Mesino, médico y directivo de la Cooperativa de Transportadores de Sabanalarga, Cootransa, fue baleado por desconocidos cuando conducía una camioneta Toyota Prado por el barrio La Fuente. Dos días después falleció en la clínica La Misericordia. Ante este crimen el coronel Carlos Currea, en ese entonces comandante de la Policía del Atlántico, dijo la hipótesis que manejaban con gran fuerza, y es la de la extorsión como móvil del hecho al ser “Cootransa una empresa víctima de intimidaciones”.

 Pero este no fue el último ataque. El martes 15 de noviembre asesinaron a bala a Jorge Eliécer Gómez Guerrero, de 62 años, quien se desempeñaba como despachador de buses de la empresa Expreso del Atlántico. Tal hecho tuvo lugar en el sector conocido como Mercado Nuevo, y según las autoridades, “según informaciones que hemos podido recopilar con el gerente de la empresa de transporte en la cual trabajaba la víctima, es que ya existían con anterioridad unas denuncias realizadas ante el Gaula por el tema de extorsión. Si bien no podemos decir que el crimen está relacionado, sí es una línea investigativa”, dijo John Urrea, comandante encargado de la Policía de Atlántico.

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Todo esto y otros hechos criminales en la zona cayeron sobre la espalda de unos viejos conocidos, ‘los Rastrojos - Caleños’. “Los que están cometiendo los crímenes en Sabanalarga serían una nueva derivación de este grupo delincuencial. Sabemos que todo viene articulado desde la cárcel”, dijo una fuente a este medio.

¿Qué va a pasar?

AL DÍA dialogó con expertos sobre cómo se ve el panorama del flagelo de la extorsión para el 2023.

“Es muy posible que aumente en la medida en que los grupos armados con presencia en el departamento están en medio de procesos de expansión territorial precisamente con el fin de ampliar sus rentas. Por otro lado, sin un compromiso real del INPEC que evite que desde las cárceles se sigan realizando llamadas extorsivas y no se regule la venta de tarjetas SIM es muy difícil disminuir o atenuar este flagelo”, mencionó el profesor e investigador en temas de seguridad de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos.

Sin embargo, contrario a la opinión anterior, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, indicó que  “en el panorama para el 2023 lo más probable es que la implementación de la Ley de Paz Total (Ley 418) recientemente aprobada en el Congreso y la presentación de una ley de sometimiento, ayuden a mejorar los indicadores de seguridad. Hoy Colombia está en lo que se denomina organizaciones criminales de tercera generación, que no son piramidales y que el aparato de seguridad no está preparado para eso”.

Estrategia de fin de año

En una reunión entre autoridades de policía, fuerzas militares y gremios de comerciantes del Centro de Barranquilla, se confirmaron tres medidas que ayudaran a controlar el flagelo de la extorsión en esta zona comercial de la ciudad.

 “En el sector habrá presencia de un grupo especializado antiextorsión para que todos los comerciantes se sientan tranquilos.

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También se tomó como medida una solicitud para la intervención de la Plaza de San Nicolás y la intervención a la cárcel de El Bosque porque se pudo constatar que muchas de las llamadas amenazantes están saliendo de este lugar. 

"Vamos a seguir trabajando fuerte en lo que tiene que ver con prevención y capacitaciones”, dijo Dina Luz Pardo, directora de Asocentro.