Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Valledupar a 10 personas, que de acuerdo con la investigación, habrían utilizado documentación falsa y beneficiado a cerca de 550 personas que pretendían adelantar sus pensiones a través de Colpensiones y fondos privados con declaración de incapacidad mental.Los hechos están documentados desde 2011.
Según el ente investigador, los trabajadores que habrían participado en la defraudación al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones pertenecerían a las empresas Drummond, Prodeco y el Cerrejón. Entre los capturados hay dos abogados, cuatro médicos y una sicóloga.
Los capturados fueron identificados como Teresa de Jesús De la Hoz Solano, médico; Eduardo Urbano Marrugo Castrellón, médico, integrante de la Junta; Carlos Arturo Montero Araújo, médico, integrante de la Junta; Manuel de Jesús Altamar Colón, médico siquiatra; Gilmar Silvero Linero, médico y abogado; Emili Said Baines Ferrer, abogado; Mariano de Jesús Amarís Consuegra, abogado, integrante de la Junta; Yamile de Jesús Pérez Domínguez, sicóloga, integrante de la junta; José Miguel Meléndez Vega y Gian Carlos Miranda Isaza, intermediarios.
Estas personas serán puestas a disposición de jueces de control de garantías de Valledupar, Barranquilla y Riohacha, y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
De acuerdo con la Fiscalía, a estas personas se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades. Con este sistema lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, hoy hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.
La Fiscalía estima que una sola persona ha defraudado a la administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 100 mil millones de pesos, solo en Valledupar (Cesar).
‘Una modalidad inédita’: Fiscal
El fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, dijo que“esta es una modalidad inédita, mecanismo que ha surgido en una región del país, mediante la declaratoria de locura o demencia de los trabajadores se les consigues pensiones de invalidez, con esquemas defraudatorios con seguros de crédito por miles de millones de pesos”. De acuerdo con el fiscal general, el esquema es más sofisticado, no solamente crear la locura de pensionados, quienes traman es para que la rentabilidad sea mayor.
HURTO A LOS BANCOS
Según la Fiscalía, el objetivo de la defraudación no iba dirigido solo contra los fondos pensionales sino que alcanzaba al sistema financiero.
Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos. Una vez obtenían pensión por invalidez cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.
“A los clientes se les consiga un crédito en un banco por 500, 600 u 800 millones de pesos, y obtienen un seguro de crédito en el cual se amparan frente a riesgo por invalidez, con lo cual no solamente obtienen las mesadas pensionales sino paralelamente se les decrete el beneficio del seguro y no tenga que pagarle la deuda a los bancos.Esto es una maraña defraudadora, que empieza adquirir características delirantes”, explicó el fiscal General Néstor Humberto Martínez.