GPS y tarjeta con teléfono: claves para asegurar a los dos expolicías
AL DÍA conoció los elementos probatorios recolectados contra los dos expolicías investigados por acceso carnal.
En el marco del proceso judicial contra los expolicías Luis Miguel Canedo Martínez y Andreis Rafael Juliao Mendoza, por el presunto acceso carnal violento en circunstancia de agravación punitiva a una menor de 17 años, el delegado de la Fiscalía 26 seccional Caivas presentó al juez promiscuo de Juan de Acosta las pruebas para imputarles cargos.
Entre ella la entrevista a la víctima, sus familiares y a un testigo del hecho que fueron complementadas y corroboradas por Fiscalía y Policía Judicial con los registros de un sistema de ubicación GPS que portan los policías durante su turno.
De acuerdo con lo dicho por el juez en la audiencia, este aparato que es conocido como PDA (Personal Digital Assistant), utilizado por los uniformados durante su turno para verificar antecedentes de la ciudadanía, revisión de perímetro y atención a líneas de emergencia, fue la clave para demostrar la presencia de Canedo Martínez y Juliao Mendoza en el lugar y la hora de los hechos denunciados por la menor de 17 años en el CAI del barrio El Bosque.
“El registro de los PDA de los uniformados muestra que fueron al parecer apagados justo después de que se toparan con la menor en la avenida Circunvalar y la condujeran a una zona enmontada, y una hora después el aparato fue encendido y los ubicó donde la menor dice que la trasladaron”, explicó el fiscal del caso en la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento.
“Doña si cambia de opinión me llama”
Otro elemento que sirvió como elemento material probatorio para demostrar la individualización de los sujetos que participaron en el delito, fue una tarjeta con un número telefónico que presentó un familiar de la víctima a las autoridades.
De acuerdo con lo dicho en la audiencia, días después de ocurrido el hecho, los procesados se presentaron a la vivienda de la menor y con dinero en mano se lo ofrecieron a sus familiares para obtener su silencio, sin embargo, dicha proposición fue rechazada por las víctimas; ante la negativa, uno de los uniformados dio una tarjeta con su abonado telefónico a la espera de un cambio de opinión por parte de la familia afectada.
Para la Fiscalía llamó la atención que al momento de la captura de los uniformados y de verificar datos, uno de los policías diera el mismo número telefónico ofrecido a las víctimas. Ante este hecho señalado por la Fiscalía, el juez explicó que “con ese elemento se cae la teoría de que los policías no conocían a la víctima”, puntualizó al momento de mandarlos a la cárcel de servidores públicos de Sabanalarga.
