"Estos funcionarios fueron destituidos y tendrán una investigación penal, la Policía Nacional rechazas a este tipo de comportamientos", explicó esta mañana el Comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jorge Pinzón acerca de la captura de los expolicias Luis Miguel Canedo y Andreis Rafael Juliao por el delito de acceso carnal violento a una menor, en hechos ocurridos el 25 de marzo en una zona en montada cercana a la avenida circunvalar.
El alto oficial indicó que la Policía fue quien entregó a los exuniformados a funcionarios del CTI.
"Ellos ya fueron retirados de la institución y estamos esperando que la Fiscalía avance en la investigación ", puntualizó el alto oficial sobre las audiencias preliminares contra los capturados que están programadas para el día de hoy a las 2 de la tarde.
EL HECHO
Los hechos ocurrieron el 25 de marzo en la madrugada en la avenida circunvalar a la altura del parque industrial Caribe Verde, cuando una menor de 17 años se movilizaba con un amigo en una motocicleta, los dos uniformados los interceptaron y les exigieron documentación del vehículo de dos ruedas.
El muchacho reconoció a las autoridades que no tenía los documentos del vehículo, de acuerdo con la denuncia que reposa en la Fiscalía, los uniformados le dicen al joven “Vete, que a ella la vamos a llevar a la UPJ”, refiriéndose a la menor de 17 años.
Al parecer el joven se marcha del sitio, “mientras que los policías se llevan a la menor a una zona enmontada y allá le dicen que se deje requisar. La mujer dice que no porque quien la debe requisar es una mujer; los uniformados insisten y le dicen ‘Ah estás muy alzada’, ella dice que llamen a sus papás y ella se deja requisar, de lo contrario no”, según lo consignado en la denuncia por las víctimas.
“Los uniformados le exigen a la menor que les debe practicar sexo oral, la someten, enseñándole el arma de fuego”, explicó a AL DÍA la fuente judicial cercana al caso.
La menor, víctima de los policías, interpuso al día siguiente una denuncia en la URI de la Fiscalía, sin embargo, días después los uniformados fueron a la vivienda de la menor para entregarles dineros para comprar su silencio, acto que según el documento, fue rechazado por los familiares de la joven.