“Alfredo Correa de Andréis estaría decepcionado, el país sigue lo mismo, no ha cambiado nada”

• Se cumplen 20 años del asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andreis, recordado por su lucha en defensa de los derechos humanos.
• El crimen fue parte de una operación paramilitar con la complicidad de funcionarios corruptos del DAS.
• La familia de Correa sigue exigiendo justicia completa y conmemora su legado con diversos eventos en su honor.

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Han pasado 20 años del vil asesinato del sociólogo y académico cienaguero Alfredo Correa De Andréis, pero el recuerdo de su defensa por los derechos humanos, el trabajo en favor de los desplazados y por los derechos ambientales sigue vigente.

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Después de todo este tiempo, Magda, su hermana, le da otra mirada a su dura desaparición: “Si Alfredo viviera estaría completamente decepcionado. Tanto sacrificio que él hizo y el país sigue igual, o peor. Sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo falsos positivos y sigue habiendo detenciones injustas. No ha cambiado absolutamente nada”.

La pesadilla del catedrático y de su familia empezó el 17 de junio de 2004. Ese día, Alfredo fue detenido por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por orden emitida por un fiscal, acusado de colaborar con el Frente 59 de las Farc. Sin embargo, las pruebas en su contra eran tan endebles como ficticias: testimonios inventados, documentos falsificados y un montaje que, para quienes conocían a Correa, era evidentemente un engaño.

Tras un mes en la Cárcel Distrital El Bosque, Correa fue liberado el 14 de julio de 2004. La justicia, en ese entonces, no encontró motivos para mantenerlo encarcelado. Sin embargo, su libertad duró poco. Dos meses después, el 17 de septiembre de 2004, Alfredo Correa De Andreis fue baleado junto a su escolta personal, Edelberto Ochoa Martínez, en el barrio El Prado. La escena fue macabra: el sicario acabó primero con Ochoa y luego, con frialdad, le disparó a Correa. El académico, en un último acto de desesperación, exclamó: “¡Hey, loco, no dispares!”, antes de ser acribillado. Esas palabras se convirtieron en un lamento en la memoria de quienes conocieron su obra y su integridad.

Correa, a sus 53 años, estaba en la plenitud de su carrera académica y había hecho importantes investigaciones sobre el desplazamiento forzado y los riesgos ambientales. Su trabajo, que incluía estudios sobre el impacto ambiental de proyectos carboníferos y portuarios en Palermo, Magdalena, y el patrimonio jurídico de los desplazados, aparentemente, lo convirtieron en un blanco para aquellos que se beneficiaban del conflicto armado y el despojo de tierras.

La justicia evidenció que el asesinato de Correa no fue un hecho aislado, sino el resultado de una siniestra colaboración entre funcionarios corruptos del DAS y paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

La investigación inicial se cerró sin avances significativos, pero la verdad empezó a aparecer con el tiempo. En 2007, Jorge Noguera, el entonces director del DAS, fue detenido. En 2011, fue condenado a 25 años de prisión, un paso hacia la justicia, aunque muchos vieron la condena como insuficiente en comparación con la magnitud del crimen. Hoy Noguera se mantiene en libertad.

El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, negó inicialmente saber sobre el asesinato del profesor y su escolta. Así lo detalló una publicación de la página web Verdad Abierta, que hace registros de la guerra en el país.

Sin embargo, el testimonio de Jorge Enrique Palacio Salas, un abogado de paramilitares en Barranquilla, fue clave para que la Fiscalía determinara quiénes cometieron el crimen.

Según Palacio, quien fuera asesinado el 20 de enero de 2006, el autor material de los asesinatos fue Juan Carlos Rodríguez De León, alias el Gato, apoyado por Henry Arbey Patiño Hurtado, alias Felipe. Ambos recibieron la orden de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, ex jefe del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, a su vez subalterno directo de alias Jorge 40.

Todos ellos fueron condenados así como Noguera y, al parecer, hoy el único que sigue tras las rejas es ‘Jorge 40’.

El caso adquirió una nueva dimensión en 2013, cuando Ricardo Giraldo Villegas, el director del DAS en su momento de supresión, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado. Aunque el gesto fue simbólico, no pudo borrar el sufrimiento de la familia de Correa ni reparar el daño hecho. El padre de Alfredo, Alfredo Correa Galindo, se mostró reacio en su respuesta: “Yo no perdono”.

A través de los años, la búsqueda de justicia continuó. Javier Alfredo Valle Anaya, jefe seccional del DAS y uno de los principales implicados en el montaje que llevó al asesinato de Correa, fue condenado a 40 años de prisión por su asesinato. Este había solicitado asilo en Nueva York bajo la premisa de amenazas a su vida, pero fue detenido en 2018. En 2022, su deportación a Colombia marcó un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial.

En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento condicionado de Valle Anaya, otrora subdirector del DAS en Barranquilla y quien ostentó también el mismo cargo en el DAS Santa Marta.

A través de un comunicado, la JEP informó sobre Valle Anaya que pese a que sus aportes de los hechos podrían llegar a ser muy generales y “sin mayor riqueza descriptiva” tenían el potencial de “impactar positivamente en la develación de patrones de macrocriminalidad”, entre estos la persecución del Estado y los paramilitares a docentes y sindicalistas.

La jurisdicción fue clara en que los aportes de verdad que Valle Anaya hiciera ante la JEP podrían ser de interés y utilidad para el Caso 08, el cual investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o por otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros civiles, en el marco del conflicto.

Así las cosas, todo parece indicar que con la aceptación del exdetective en la JEP todavía hay un eslabón de la cadena que no se descubre.

En su momento, la ONG Corporación Nuevo Arco Iris señaló que los relatos de Valle Anaya  podían ser clave para despejar la manera cómo operaba el aparato paramilitar conocido como ‘Muerte a sindicalistas’ encargado de asesinar a 82 dirigentes de la Costa Caribe.

“Este asesinato selectivo realizado por los ‘paras’ entre los años 2000 y 2006 en toda la Costa Atlántica, pero especialmente en Barranquilla, marcó el punto culminante de lo que hoy fuentes cercanas a la cúpula del Bloque Norte denominan Operación Barbarroja: operación militar adelantada por la Casa Castaño para tomarse los 7 departamentos de la Costa”, detalló la ONG.

Cabe reseñar que del oscuro capítulo de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Atlántico, cuando a comienzos del nuevo milenio pretendían el control de absolutamente todo como plan de expansión, se perpetraron 2.188 conductas delictivas con 8.006 víctimas registradas. Y solo entre 2004 y 2006, en la capital del Atlántico, se cometieron 1.664 homicidios. De ese extenso listado se desprendieron nombres de docentes, líderes sociales, sindicalistas y desmovilizados de la guerrilla.

Más participaciones

El aniversario del asesinato de Correa De Andreis también es una oportunidad para reflexionar sobre los procesos judiciales aún pendientes.

Sus allegados insisten en que todavía hay nombres de exjefes de Estado y funcionarios judiciales que sabían del plan criminal y de otros que dieron un guiño para que se cometiera.

Este martes 17 de septiembre, cuando se conmemoran los 20 años del asesinato del profesor, la familia unida tendrá una misa a las 4:00 de la tarde en el sitio donde cayó baleado.

Magda también señala que hay otros eventos en la plazoleta del Parque Universal, donde está desde hace algunos años una escultura memorial en su honor.

En su natal Ciénaga, Magdalena, estudiantes harán un desfile de faroles por la paz en nombre de Alfredo y también hay eventos programados en la Universidad del Magdalena.