Dos años de dolor para familias que buscan justicia

El 2020 marcó para siempre la vida de las familias Díaz Lefevre y Guerrero Moreno, quienes perdieron cada una a un ser querido, en hechos aislados. Hoy, casi dos años después, ellos piden justicia por las muertes.

La mañana del 19 de mayo de ese año, en medio de la cuarentena, se conoció el caso de la pequeña Kylie Díaz Lefevre, de 7 años, que a escasos días de cumplir 8, su vida fue arrebata por dos impactos de bala cuando se disponía a comprar unos fritos para su desayuno en una casa vecina del barrio Rebolo.

Al parecer, en medio de una persecución, un ladrón trató de ocultarse en la misma casa donde estaba la pequeña y un uniformado de la Policía abrió fuego para intentar evitar la fuga. Sin embargo, dos de los balazos terminaron en la humanidad de Díaz Lefevre.

La noticia, que quizás muchos no recuerden, hay alguien que siempre lo tendrá presente: su madre, Narge Lefevre.

“Me encuentro destrozada, dos años esperando justicia por la muerte de mi hija y es la hora y la Policía no responde. Yo quiero una respuesta, que me expliquen cómo va el proceso, hemos ido a disciplina y nos evaden, ya han cambiado dos veces a los directores y aún no hay justicia”, mencionó la progenitora.

La mujer relató, desde su perspectiva, cómo fue ese fatídico día: “Estábamos en plena cuarentena y me llamaron del colegio de la niña para recoger una merienda voluntaria. A eso de las 10:00 de la mañana yo salí, pero antes mi hija me dijo que iba a comprar unos fritos, y yo no vi problema alguno porque era a la vuelta, es más, pensé que no lo iba a hacer, entonces me fui”.

Horas de desesperación

Una despedida que ella nunca pensó que sería la última: “cuando ya voy en camino a la altura de la calle 30 veo a un conocido que la llevaba ensangrentada en una moto, y me volví loca preguntando para dónde la llevan, que qué había pasado”, añadió la mujer.

En el hospital todo fue una tortura, las horas pasaban y, según la madre, no sabía qué le había pasado a su hija. “Pasaron las horas, me tranquilicé y el papá de la niña fue el que me confirmó que mi pequeña se había ido”.

Una noticia que, en medio de la fría lluvia, devastó a Narge y a toda su familia. Sin embargo, las dudas rondaron en la cabeza de la mujer: “ya al momento de regresar al barrio y encontrarme con en el lugar de los hechos me contaron los vecinos que el delincuente estaba corriendo en la misma calle donde mi hija estaba comprando los fritos y ella se metió en la casa al ver todo lo que estaba pasando. Entonces, el presunto delincuente ingresó a la misma vivienda, por lo que el uniformado disparó sin ningún cuidado e impactó a mi bebé”.

Lefevre nunca recibió un mensaje de las autoridades ni mucho menos unas palabras de condolencia por parte de la institución. Aseguró que a los pocos días presentó las denuncias en la Fiscalía y en la Policía.

“No entiendo por qué la Policía Metropolitana de Barranquilla protege mucho a esos policías que cometen este tipo de actos, prácticamente son homicidios, no los culpo a todos, pero conozco muchos casos parecidos al mío”, dijo la madre de Kylie.

“Perdí a mi única hija en ese momento, no fue fácil. Era una niña alegre, contenta, juiciosa e inteligente. Me da mucha tristeza recordar que me dijo que la llevara conmigo el día que pasó todo, pero yo no me la pude llevar porque era plena cuarentena, no quería exponerla, donde yo hubiese sabido que todo esto podía pasar, por supuesto que me la hubiese llevado”, dijo entre lágrimas Lefevre.

Jorge Bolaños, abuelo de Kylie, señaló que se enteró de la triste noticia en medio de un aguacero. “Narge me llamó y me dijo lo que había sucedido, yo no podía creerlo, y por la lluvia no pude salir, pero uno tiene más experiencia con los años, traté de asesorarla y orientarla en el caso”.

“Nos colocamos en contacto con un abogado, que fue el que estuvo pendiente de todo el proceso, y yo he estado verificando que todo transcurra correctamente; sin embargo, hasta el momento no hemos podido conseguir que la Policía nos dé respuesta a través de su departamento disciplinario”, dijo el familiar.

La muerte de Federico

Un suceso parecido ocurrió el 25 de octubre de ese mismo año, cuando el mecánico, Federico Antonio Guerrero Moreno murió producto de un disparo que, al parecer, realizó un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el CAI Coolechera, ubicado en la calle 17 con carrera 15 del barrio La Chinita.

Milagros Guerrero, esposa de la víctima, contó a esta casa editorial que ese día una sobrina le hizo una llamada para comunicarle que en el CAI le habían pedido la cédula por un inconveniente que tuvo su esposo, por lo que Milagros, su compañero y sus dos hijos salieron a llevarle el documento a la sobrina.

“En ese momento mi hija y yo nos bajamos del carro para saber qué estaba ocurriendo, pero el policía salió con groserías desde el primer momento que llegamos. Mi hija le dijo que respetara, pero el uniformado le pegó una cachetada, yo al ver eso lo empujé y también le pegué”, mencionó Guerrero.

Según la allegada, el golpe había enfurecido al hombre: “me devolvió la cachetada y me dio una patada, mi hijo se dio cuenta y se bajó del vehículo a reclamar, allí se metió otro policía y le pegó con el arma en el pecho, incluso se escapó un disparo, no sé cómo se no hirió a alguien en ese momento, pero mi hijo quedó tirado en el suelo sin aire”.

La situación empeoró. “Luego de darse cuenta de la situación, mi esposo salió del carro iracundo, pero los policías nos arrinconaron, nos tiraron piedras e incluso hicieron varios tiros, yo agarré a mi esposo para que se diera cuenta que mi hijo estaba bien, como para que se tranquilizara, pero escucho el último disparo y al darme la vuelta Federico cae al piso”.

La mujer recordó que pidió ayuda, pero los policías no la ayudaron y “se fueron”. La familia preguntó a unos vecinos que estaban allí si sabían manejar porque el carro se encontraba parqueado, al final llegaron policías de otro sector y ayudaron a llevar al hombre de 40 años al paso La Luz, donde los médicos dijeron que había llegado sin vida.

La rabia, el dolor, la tristeza dan giros en la mente de Bolaños, quien no se explica que “habiendo pruebas, videos, incluso la reconstrucción de hechos por parte de la Fiscalía” a ninguno de los responsables los hayan separado del cargo.

“Pedimos celeridad en las investigaciones por parte de la oficina de control disciplinario interno número 31, solicitando que se castigue a los responsables de la muerte de mi esposo, al igual que a los compañeros que nos ocasionaron lesiones personales, pero nada ha pasado”, dijo la mujer.

El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía en Barranquilla por aquel entonces, se había pronunciado la misma semana que ocurrió el incidente del CAI Coolechera, mencionando que “los uniformados que se vieron involucrados en estos hechos fueron retirados de sus cargos mientras avanzaban las investigaciones correspondientes”.

En ese momento, Alarcón también añadió que: “las armas habían sido puestas a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación, que realizó los actos urgentes y se entregó la identificación plena de los uniformados al fiscal”.

AL DÍA consultó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Barranquilla cómo van ambos procesos, pero hasta el cierre de esta edición, no habían respondido a la petición.