Medidas urgentes por hacinamiento en cárceles del Atlántico piden desde Procuraduría
La entidad hace el llamado por su misión de salvaguardar los derechos humanos y detalló varios problemas que halló.
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los derechos humanos, ha instado a las entidades competentes a tomar medidas urgentes para asegurar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad (PPL) en estaciones de policía y centros de detención del Atlántico.
Situación actual en el Atlántico
Durante un seguimiento a la garantía de los derechos de los reclusos en el distrito y en cuatro municipios adicionales del Atlántico, el organismo de control ha detectado niveles alarmantes de hacinamiento. Por ejemplo, se reportaron tasas del 387 % en la estación de Policía de Soledad 2.000 y del 380 % en San José, Barranquilla.
En el marco de una brigada que visitó nueve estaciones de Policía, dos Centros Transitorios de Detención, dos Centros de Rehabilitación y dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa, se identificaron serias deficiencias en las condiciones de reclusión.
Problemas encontrados
Falta de infraestructura: Las instalaciones no cumplen con los estándares necesarios.
Acceso limitado al agua potable: La disponibilidad es insuficiente.
Higiene deficiente: Las condiciones sanitarias son inadecuadas.
Carencia de atención médica: No hay atención médica constante.
Déficit alimentario: La alimentación es insuficiente y depende en gran medida de donaciones externas.
Como parte de esta acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla ha solicitado a los alcaldes de Soledad y Galapa un informe sobre los planes financieros previstos para mejorar las condiciones habitacionales de las personas en detención preventiva en sus respectivas estaciones de policía.
Además, deberán informar si al 12 de febrero de 2025 tienen convenios interadministrativos vigentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para garantizar el traslado y reclusión adecuada de las personas condenadas en las estaciones policiales.
Finalmente, la Procuraduría recordó que los alcaldes son las primeras autoridades policiales en sus municipios. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de mantener el orden público y asegurar que se cumplan las medidas adecuadas para la detención preventiva dentro de sus territorios. La Corte Constitucional ha enfatizado que es fundamental garantizar condiciones dignas para todas las personas privadas de la libertad.
